Todd, un acomodado profesor universitario
Eduardo S. M., de 23 años, uno de los tres acusados de participar en la violación de los niños, pertenece a una adinerada familia de Lleida, ciudad en la que cursó estudios de Geografía y se especializó en meteorología. En los últimos años, Todd, que es el alias que utilizaba, vivía a caballo entre la capital catalana, donde trabajaba en la Universidad de Barcelona como profesor auxiliar, y Lleida, donde residía su madre.
La afición de Todd a la meteorología le llevó a coordinar durante tres años unas jornadas sobre esta ciencia y climatología que se organizaron en la universidad ilerdense entre 2001 y 2003. Ese año también obtuvo una beca Erasmus y viajó a Finlandia para perfeccionar estudios de meteorología. El año pasado estuvo en México con esa misma finalidad.
Otras de sus pasiones era la fotografía y la informática, lo que le llevó a crear una página web en la que están colgadas numerosas fotografías de sus viajes, en las que a menudo aparece rodeado de niños. Sus compañeros de universidad afirman que era una persona muy activa, aunque los fines de semana optaba por quedarse en casa o trasladarse a visitar a su padre, que está separado de su madre y tiene un yate anclado en el puerto de Sitges (Barcelona).
Versión exculpatoria
Fuentes de la investigación explicaron ayer que el detenido reconoció ante la policía que estuvo presente cuando se produjeron las violaciones de los niños, pero ha negado su participación. Su versión exculpatoria contrasta con el contenido de una de las grabaciones en la que, según la policía, aparece el acusado participando en la violación de un bebé de poco más un año. La policía considera, además, que pudo participar en otras dos agresiones en las que intervino José G. C., alias Aza, otro de los detenidos.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que ayer se encontraba en funciones de guardia, ordenó prisión incondicional sin fianza contra el acusado. El juez le imputa un delito previsto en el artículo 189 del vigente Código Penal, que tipifica los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores. En el texto legal de 1995 fue suprimido ese delito, pero en la modificación de 2003 se volvió a introducir.
Ese artículo castiga con penas de hasta ocho años de prisión al que utilice menores de edad con fines pornográficos cuando éstos tengan menos de 13 años y los hechos "revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio". El juez de Barcelona se ha inihibido en favor del de Madrid que investiga el caso.
