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La presión fiscal aumentó un 6,7% en los ayuntamientos en 2002

Siete municipios no presentaron sus cifras al Tribunal de Cuentas

La presión fiscal, la suma de los ingresos por impuestos, tasas y precios públicos municipales, aumentó en 2002 en los ayuntamientos un 6,7% respecto al ejercicio anterior, según los datos del informe sobre entidades locales 2002 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas dado a conocer ayer. Los ciudadanos pagaron un media de 398 euros por habitante y año. Ese mismo año el crecimiento de la inflación fue de un 3,9% en Euskadi.

El informe de fiscalización fue aprobado por unanimidad de los miembros del pleno del tribunal y analiza las cuentas de 242 de los 250 ayuntamientos y de 48 de las 58 entidades supramunicipales. El ayuntamiento de Abanto Zierbena envió la información requrida fuera de plazo y las corporaciones de los de Izurtza, Meñaka, Ondarroa, Armiñón, Harana, Berantevilla y Orozko no la remitieron. Estos cuatro últimos ayuntamientos tampoco rindieron cuentas en el ejercicio 2001.

La mayor presión fiscal ha facilitado mayores ingreso que, junto a un ahorro neto, originaron una mejora de la situación de los municipios, con un descenso de la carga financiera. La deuda por habitante es mayor conforme aumenta la población de los municipios, a excepción de los ayuntamientos cuya población se sitúa entre 10.000 y 50.000 habitantes.

El endeudamiento municipal agregado obtenido de los datos remitidos por los ayuntamientos al cierre del ejercicio de 2002 ascendía a un total 585,4 millones de euros, lo que supone un total de 281 euros por habitante. Su cuantía bajó un 2,77% con relación al ejercicio 2001 (289 euros por habitante). La carga financiera que genera es de 51 euros por habitante para el conjunto de Euskadi, aunque existen significativas diferencias entre los territorios históricos (Álava, 10 euros por habitante, Vizcaya 52 euros y Guipúzcoa 66 euros).

El incremento del gasto total por habitante, según el informe del TVCP, fue del 10,21% con respecto a 2001, situándose en una media de 1.004 euros per capita y con un incremento más de dos veces superior al de la inflación. El gasto total por habitante es más alto en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, por tener estos un mayor gasto de funcionamiento. También se produce este hecho en los municipios de de menos de 10.000 habitantes por tener, además de un mayor gasto de funcionamiento, un mayor gasto de inversión por habitante.

La inversión neta del ejercicio 2002 en euros constantes ha sido superior en un 7,72% a la del ejercicio anterior para el conjunto del País Vasco. La inversión real neta por habitante (inversiones realizadas menos enajenaciones), tiende a ser inversa al tamaño de los municipios y ascendió ese año a una media de 201 euros por habitante, con un incremento considerable respecto al ejercicio anterior en el que fue de 176 euros por persona.

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El endeudamiento de los organismos supramunicipales era a finales de 2002 de 450,4 millones de euros. Un 92% de esta cantidad corresponde al Consorcio de Transportes de Vizcaya, entidad responsable de la construcción del Metro de Bilbao, lo que está generando un gran volumen de inversión financiado mediante deuda y subvenciones de capital recibidas del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya. De acuerdo con el Plan de Inversiones aprobado en 2002, la inversión pendiente de ejecutar asciende a 452 millones de euros. La situación financiera de las entidades supramunicipales era "razonablemente saneada", excepto ocho de ellas en las que su actividad ordinaria durante los tres últimos ejercicios ha ocasionado resultados negativos, señala el tribunal.

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