Hacienda cierra sin medidas disciplinarias el caso del acceso a datos de contribuyentes

La Hacienda de Vizcaya da por cerrado el caso del presunto acceso irregular a datos confidenciales de contribuyentes sin tomar medida alguna contra los presuntos infractores. Pese a la auditoría interna que señaló que algunos funcionarios accedieron a datos no relacionados con su labor, Hacienda concluye que dichas consultas correspondían a "necesidades de su propio trabajo" y recalca que el informe se refiere sólo a "posibles deficiencias". Asegura que ha investigado a una docena de empleados sospechosos y "y en todos los casos su actuación había sido correcta".

La auditoría interna sobre la seguridad de los datos de Hacienda, conocida primeros de este mes y referida a 2004, señalaba que en determinados casos se utilizaba la información "con fines distintos a los del puesto de trabajo" y que algunas consultas "parecen estar motivadas por curiosidad", al concentrarse en contribuyentes con niveles altos de ingresos, conocidos socialmente, los propios funcionarios forales. Refería también accesos "repetidos" a datos de una determinada persona "sin aparente necesidad", así como cesiones de las contraseñas, la mayoría pertenecientes "a personas con niveles altos de acceso" de la Hacienda, que fueron utilizadas desde terminales de personal subcontratado. El informe insistía en que los datos fiscales sólo deben utilizarse para "fines estrictamente relacionados con el trabajo". Y afirmaba también que estas recomendaciones se realizaron en anteriores auditorías y "no han surtido los efectos deseados", ya que las deficiencias "no han sido corregidas".

El diputado vizcaíno de Hacienda, José María Iruarrizaga, negó ayer en una comparecencia ante las Juntas Generales que funcionarios hayan accedido a datos de contribuyentes con una finalidad distinta a su trabajo. "El sistema de control implantado en la Diputación no permite el acceso a la información [fiscal] a personas no autorizadas para ello", dijo antes de aseverar que los empleados a los que se refiere la auditoría "me están autorizados a acceder a esos datos y tienen relación con su trabajo".

Informe "preventivo"

Iruarrizaga, quien enmarcó este caso en una campaña de desprestigio de "diversos medios de comunicación y algunos partidos políticos" contra la Hacienda vizcaína, enfatizó que el informe es "interno" y "preventivo", y afirmó que habla "no de deficiencias sino de posibles deficiencias". Aseguró que las anomalías se tendrían que determinar en un segundo estudio e insistió en que el informe difundido "requiere de actuaciones posteriores". Sí admitió que no "es fácil saber" si un funcionario ha accedido a datos que no son de su cometido y que es especialmente complicado "probar eso". El diputado dijo que la auditoría "nunca asevera que haya irregularidades ni problemas generalizados" y que Hacienda no ha detectado "ni una sola fuga de información".

Iruarrizaga confirmó que no se ha abierto ningún expediente y que, tras la difusión del documento, se habló con una docena de funcionarios de Hacienda y sus jefes inmediatos "de cuyas actuaciones se podía tener alguna duda". La conclusión fue que "en todos los casos" actuaron de manera "correcta" y "en relación con su trabajo". En este sentido, divulgó el contenido de una reciente circular enviada a todos los empleados de Hacienda en la que se les recuerda su obligación de utilizar los datos sólo para su labor. Anunciaba que se habían reforzado las actuaciones de control y que se trasladarían al Departamento de Administración Pública las posibles anomalías en el uso de las bases de datos de la Hacienda "a los efectos de que se adopten las medidas disciplinarias". La circular se remitió el 22 de febrero, 11 días antes de la fecha en que se firmó la auditoría, por lo que es posible que para entonces la dirección de Hacienda conociera sus conclusiones.

El diputado recalcó que el informe interno no habla de incumplimientos en la ley de protección de datos -el caso es investigado desde el 9 de mayo por la Agencia de Protección de Datos- y añadió que otra auditoría interna realizada en noviembre concluye que "no se observan reparos de incumplimientos de la citada ley". Llamó a los ciudadanos a denunciar si hay casos de funcionarios que actúan irregularmente y aseguró que su departamento intervendría "si probamos que algún [empleado] se dedica a cotillear" con los datos de los contribuyentes.

Las explicaciones del titular de Hacienda convencieron al equipo de gobierno foral (PNV y EA), y a Ezker Batua. El PSE afirmó que se debe reconocer la posibilidad de conductas irregulares por algunos trabajadores. El PP destacó que las presuntas irregularidades se remontan a 1997 y "queda claro que la Diputación no ha tomado ninguna medida en ocho años". Remarcó la calificación de "deficiencia grave" que hace la auditoría de la utilización de "contraseñas por un usuario distinto" y consideró que ha habido "inacción" por parte de Hacienda.