El texto mantiene la barrera del 5% y evita reconocer la unidad lingüística

El acuerdo para la reforma del Estatut d'Autonomia no ha sido total. En el camino recorrido por los grupos parlamentarios y los partidos en esta larga negociación iniciada hace un año se han incorporado muchas cosas al texto estatutario, pero numerosas cuestiones, algunas de mucho calado y de gran repercusión para la vida política y para la ciudadanía, han quedado fuera.

Es el caso de una de las cuestiones más reivindicadas por los partidos minoritarios, la eliminación de la barrera del 5% de los votos en el ámbito autonómico necesarios para obtener representación parlamentaria en las Cortes Valencianas. Una barrera que deja fuera de la Cámara a partidos que suman miles de votos de ciudadanos que se quedan sin representación. Ésta era una reivindicación de EU para lograr una mejora de la representatividad democrática.

Por lo que respecta a los símbolos, los dos partidos mayoritarios decidieron no tocarlos, para no reabrir la batalla que se originó en torno a los mismos durante la transición. Así, la reivindicación de EU de que el Estatut reconociera explícitamente la unidad de la lengua ha quedado fuera, si bien la inclusión de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y el reconocimiento de que la normativa que ésta dicta será "de obligado cumplimiento" por todas las instancias de la Generalitat supone un importante avance en ese sentido.

Tampoco se han puesto de acuerdo los partidos en la cuestión referida al desarrollo de la Policía Autonómica, en concreto por lo que respecta a la posibilidad de que este cuerpo pasara a desempeñar las competencias de Tráfico que ahora tiene la Guardia Civil y que en Cataluña sí tienen los Mossos d'Esquadra.

Respecto a la financiación, tampoco se han colmado todas las aspiraciones de los partidos de la oposición y, mucho menos, la de EU, que pedía un concierto económico como el que tienen las comunidades forales. En el ámbito de la organización territorial no se ha avanzado en el tímido intento de restar competencias a las diputaciones para avanzar hacia la comarcalización.