Sobre la muerte de Jokin

Con estupefacción leo el desenlace del juicio a los acosadores de Jokin con la irrisoria sentencia a unos meses de libertad vigilada. Si ante un caso que ha ocasionado una muerte se reacciona tan suavemente, ¿qué se piensa hacer en otros de menor grado? La fechoría tenía todas las agravantes: actuación en grupo, premeditación, alevosía, abuso de fuerza y delito continuado. Alegar que los agresores "no pretendían que su víctima se suicidase" es un sarcasmo, y sostener que "no está demostrada la relación causa- efecto", un insulto a la inteligencia.

La psicóloga que ha aconsejado la medida y el juez que la ha aplicado parecen vivir en las nubes. Ignoran que en los centros de enseñanza se están viviendo desde hace tiempo situaciones de alto riesgo. Las amenazas, los insultos, el hostigamiento, las agresiones físicas y la caza y tortura del débil, del extranjero, del diferente -o simplemente del que cae mal- no son "casos aislados". Son un fenómeno que va en imparable aumento y ante el cual se carece de respuestas ágiles y efectivas. La legislación en vigor es demagógicamente garantista y tolerante con los que perturban la convivencia, pero escasamente protectora con las víctimas de su insocial conducta -compañeros o profesores-.

Para erradicar este tipo de actuaciones sería necesario que desde la autoridad académica se articulara una política educativa preventiva y se fijaran claras medidas disuasorias. El profesorado en su gran mayoría está seriamente preocupado por los brotes de violencia, pero carece de medios y de apoyo para atajarlos y los centros no siempre pueden garantizar la seguridad de los alumnos que les han sido confiados.

En este contexto, la citada sentencia crea un precedente peligroso que aumenta la indefensión de las víctimas actuales y potenciales. A partir de ahora, todas esas criaturas despiadadas que necesitan afirmarse ensañándose con alguien más débil entenderán que su sádico pasatiempo resulta prácticamente impune. Se ha pretendido -se dice- la reinserión de los agresores. Por supuesto es

deseable, pero no creemos que sea ése el camino adecuado. No nos parece ni educativo ni rehabilitador que a jóvenes que han cometido un gravísimo delito se les exima de recibir una sanción en consonancia. Al contrario, la indulgencia mostrada es moralmente desorientadora porque les hará pensar que, después de todo, lo que hicieron "no debía de ser tan grave". Sin duda esos críos desalmados necesitan tratamiento psicológico, pero no como medida sustitutoria, sino complementaria a la sanción que merecen.

Vaya, pues, toda mi solidaridad a los padres de Jokin y mi vehemente deseo de que prosperen sus recursos y se rectifique la injusticia cometida. Ojalá que, ante un hecho tan horrible, las autoridades educativas reaccionen y tomen las medidas adecuadas para que la desesperada y trágica decisión de su hijo no haya sido en vano.