Los riesgos de la exclusión digital

AUNQUE LA REALIDAD de la deslocalización de empresas va por detrás de la alarma social que ha generado, este fenómeno se ha convertido en uno de los protagonistas del debate europeo. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) divulgó la pasada semana un número de su revista Papeles de Economía en el que España figura, junto con Portugal y Grecia, a la cabeza de la lista de los perdedores por el trasvase de inversión extranjera de unos países europeos a otros. La explicación es que la inversión extranjera en España se concentra en sectores de contenido tecnológico medio-bajo, justo aquellos en los que están más especializados los nuevos países comunitarios; como éstos ofrecen costes más bajos, España corre el riesgo de dejar de recibir esa inversión, o de deslocalizar parte del aparato productivo que ahora está instalado en nuestro país.

Hay cuatro factores que ayudan a evitar la deslocalización de empresas: una alta cualificación, infraestructuras de proximidad, alta inversión en I+D+i y políticas públicas de ayuda. España es muy frágil en los cuatro

Los expertos señalan que hay al menos cuatro factores que ayudan a evitar la deslocalización de empresas: una mayor cualificación (educación), buenas infraestructuras de proximidad, fuerte inversión en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y políticas públicas de ayuda. En ninguno de ellos está fuerte nuestro país: el informe PISA ha desnudado la situación de la educación; las infraestructuras van a perder dinamismo con la eliminación de las ayudas de los fondos europeos, y en cuanto a las políticas públicas, llevamos años renunciando a invertir y endeudarnos en la sociedad del conocimiento, en beneficio de una cuestionable prioridad de estabilidad presupuestaria en un periodo de tipos de interés bajos.

¿Y la situación de la I+D+i? Hace poco tiempo ha habido al menos dos denuncias sobresalientes en este terreno: la más sonora, la del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, que alertaba del "atraso tecnológico" de nuestro país. La más científica, del sabio norteamericano Nathan Rosenberg, profesor de la Universidad de Stanford, que ha dado un ciclo de conferencias en la Fundación BBVA. Partiendo del hecho de que España es la quinta economía de la UE, pero tan sólo ocupa el puesto 14 en inversión en I+D, Rosenberg predicaba un cóctel de medidas para salir del atraso tecnológico: políticas públicas que faciliten la creación de proyectos y empresas (crear una empresa cuesta cuatro veces menos tiempo en EE UU que en la media de los países de la OCDE); mayor inversión privada; difusión constante de las ventajas de la tecnología entre la población; continua colaboración entre la Universidad y la empresa, y, sobre todo, educación técnica y superior de calidad. El profesor Rosenberg no creía que la UE necesite aumentar sus inversiones públicas en I+D, sino modificar sus políticas para la creación de empresas y ayudarles a encontrar financiación privada.

El ministro de Industria, José Montilla, está elaborando un Plan de Convergencia cuatrienal para acelerar la inserción en la sociedad de la información. Un equipo dirigido por el catedrático Emilio Ontiveros acaba de entregar el primer diagnóstico: el patrón de crecimiento español es insostenible a medio plazo por el reducido incremento de la productividad: nuestro país adolece de la dotación de capital tecnológico y humano suficiente para competir en un entorno global progresivamente basado en el conocimiento; las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) disponen de un enorme potencial para aumentar el crecimiento de la productividad, pero el mismo exige de la complicidad de inversiones en habilidades específicas y de la flexibilidad organizativa de los agentes; por último, el crecimiento de la inversión por habitante de España en TIC, su difusión y su uso productivo ha sido significativamente inferior a las economías de nuestro entorno.

Y concluye: "España está expuesta a un elevado riesgo de exclusión digital y marginación de la economía del conocimiento, con consecuencias sociales y económicas de gran alcance". Ésta es la más pesada herencia de ocho años de una política tecnológica errática.