Las eléctricas negocian con Industria una revisión trimestral de las tarifas

Las eléctricas están negociando con el Gobierno que las tarifas eléctricas se revisen cada tres meses y no cada año, como ya sucede en el mercado del gas natural. El nuevo sistema, similar al que rige en Italia y Portugal, recogería las variaciones de los costes de la materia prima necesaria para producir la electricidad (gas natural, fuel, carbón...). El objetivo de las empresas, que en siete años han ganado, sólo en España y sólo por actividades eléctricas, 15.666 millones de euros netos, es que el nuevo sistema de cálculo asegure subidas medias del 3% anual durante 10 años.

Tras la petición de las compañías, que negocian el cambio con el Ministerio de Industria, según han confirmado ambas partes, está la idea de que los 25 millones de clientes (24,9 de ellos acogidos a la tarifa regulada) pagan por la electricidad un precio que no es real y que no cubre todos los costes necesarios para prestar el servicio. Un precio que es "político" y que en términos reales ha descendido más de un 30% desde el año 1997, año de comienzo de la liberalización eléctrica.

En la necesidad de cambiar la metodología de tarifas no hay discrepancias. Las empresas, que han mantenido duras peleas y se han lanzado acusaciones gruesas de manipulación de precios en el mercado mayorista eléctrico en los últimos meses hay plena coincidencia en este tema: las tarifas, como están concebidas, no sirven.

Otra idea extendida en el sector, tenso ante las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo en los próximos meses, es que "se ha vendido la idea de que liberalización y competencia es igual a menores precios y no es así", según señala el director de regulación de Unión Fenosa, José María Paz.

Con esas ideas y con ese clima, las empresas energéticas (eléctricas y gasistas) han emprendido una ofensiva para convencer al Gobierno y a la opinión pública de que el sistema de tarifas reguladas, tal y como está concebido, no funciona. Y ello a pesar de que las cuentas de la asociación patronal eléctrica Unesa muestran que sólo las eléctricas, y sólo por el negocio que desarrollan en España, han ganado más de 14.000 millones de euros netos desde el año 1997.

Todos los responsables de las compañías eléctricas, con el presidente de Unesa, Íñigo Oriol, a la cabeza, han solicitado al Gobierno que cambie el sistema porque si no, el futuro del sector está en el aire, pese al aparente estado saneado de las empresas.

También el gas

De igual forma, desde las compañías gasistas se ha advertido al Gobierno que si no levanta la mano, la diferencia de precios que existe para el gas entre el mercado nacional (más barato) y los mercados internacionales desviará la corriente de suministro y pondrá en aprietos el abastecimiento.

Las peticiones de las empresas cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que, a punto de cambiar de presidente, ha elaborado un informe en el que recomienda al Ejecutivo que modifique el sistema para que, entre otras cosas, las tarifas eléctricas recojan los costes reales del mercado.

El impulso para modificar la metodología de tarifas parte también del ámbito político. El PSOE defiende, y así lo hizo saber en una enmienda a una resolución presentada al término del debate sobre el estado de la Nación, la aprobación de tarifas diferenciales en función de los usos "que penalicen el consumo excesivo e irracional de energía".

El horizonte a corto plazo para el usuario parece estar claro: habrá subidas de tarifas por encima de lo previsto (hasta 2010, la normativa en vigor prevé subidas máximas del 2% anual) y revisiones trimestrales de la factura que, según fuentes al tanto de la negociación, podrían ser un hecho a partir de enero de 2006.

Beneficios elevados

El Ministerio de Industria, que oficialmente se limita a tomar nota de las reclamaciones del sector, mira con un ojo los elevados beneficios que publican las empresas (más de 1.000 millones de euros en el primer trimestre de 2005, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior) mientras con otro examina un sistema de fijación de tarifas que, según se reconoció oficialmente, entre 2000 y 2003, provocó un déficit de más de 1.000 millones de euros entre ingresos y costes previstos que las empresas se apresuraron a titulizar para cobrar por adelantado.

Con la demanda disparada (ha crecido más de un 50% en ocho años), la visión de las empresas sobre su situación real es poco optimista. En contra de lo que parece, vienen a decir, las empresas energéticas no son máquinas tragaperras que recaudan y tienen costes mínimos. Por el contrario, sostienen, tienen costes elevados, obligación de satisfacer a sus accionistas con rentabilidades razonables y presiones para prestar un servicio esencial y de calidad.

Sobre su situación real destacan que los beneficios van acompañados de un fuerte endeudamiento. Y no es oro todo lo que reluce. En los beneficios trimestrales publicados, las empresas han contabilizado como ingresos más de 680 millones de euros que deberían haber cobrado (déficit tarifario) y que esperan recuperar una vez se hagan las cuentas del año, como marca la ley. Sin esos ingresos aún no cobrados, los números podrían haber sido muy otros.