Alianza reforzada

Si algo ha quedado claro tras el debate sobre el estado de la nación, al margen de la ruptura del PSOE y el PP en lo que respecta a la política antiterrorista y a un eventual diálogo con ETA si la banda armada renuncia a la violencia, ha sido el fortalecimiento de la alianza entre el Gobierno socialista y sus dos principales socios, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, que se ha traducido en numerosas mociones concordadas a dos o tres bandas.

Quizá sea una alianza coyuntural, pero le garantiza una relativa estabilidad parlamentaria a Rodríguez Zapatero, al menos hasta que el proyecto de Estatuto catalán sea alumbrado y llegue al Congreso de los Diputados, presumiblemente antes de fin de año. Resulta igualmente notable para los intereses del Ejecutivo que ERC haya aceptado orillar, por ahora, un compromiso previo de aceptación del estatuto por parte de la Cámara baja o de garantizar para Cataluña un nuevo sistema de financiación basado exclusivamente en un pacto bilateral, como solicitaba una moción de Convèrgencia i Unió.

Además, el jefe del Gobierno puede sentirse bastante satisfecho de la valoración ciudadana sobre el áspero mano a mano que mantuvo con el líder del PP hace una semana y que ayer se reprodujo, aunque con menos tensión, durante la sesión semanal de control parlamentario. Según la última encuesta del CIS, el 46,3% de los españoles cree que Zapatero se impuso en el debate frente a sólo un 14,7% que piensa que fue Rajoy el ganador. Lo preocupante para este último es que un 42,8% opina que su imagen ha empeorado.

El PP resta valor a la encuesta y presume de seguir contando con el apoyo en el tema terrorista de los 9,6 millones de votos obtenido en las elecciones de 2004. El presidente del PP se está jugando su capital político personal con la estrategia trazada en el debate, Sin duda resulta arriesgada una negociación con ETA si el horizonte no está claro y el Gobierno no cuenta con el apoyo del segundo partido de la nación, pero también lo es para Rajoy sacar a discusión pública las divergencias sobre el terrorismo, en violación del pacto suscrito en 2000, y afirmar demagógicamente que es ETA quien marca los tiempos como si la negociación ya hubiese empezado.

El casi medio centenar de resoluciones aprobadas tras el debate -una cuarta parte de ellas ceñidas a asuntos territoriales- lo han sido gracias a acuerdos cruzados del PSOE con ERC e IU. El Gobierno ha sido hábil en la negociación, porque ha conseguido rebajar las pretensiones de sus socios en asuntos como la publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, el cierre de las centrales nucleares o la autorización de las lenguas cooficiales en el Congreso. A un mes de las elecciones gallegas ha hecho también diversos guiños al BNG y a los votantes de esa comunidad mediante compromisos de inversión. Todo ello se entiende como una voluntad política que a veces no es fácil traducir en los presupuestos. Estamos ante un ejercicio de seducción de los aliados en un exagerado bazar de favores. Es el precio de la política.