Uzbekistán: el problema es la pobreza, no el terrorismo

Los organizadores de la revuelta, que se habían atrincherado el viernes pasado en la sede de la administración provincial de Andiyán, confiaban en que la gente que se había congregado en la plaza se levantaría contra el régimen al igual que ellos, lo cual obligaría al Gobierno a negociar. La idea era ingenua, como lo era también el haber pedido a Vladímir Putin que hiciera de mediador entre ellos y las autoridades uzbekas. Por lo visto, a los rebeldes los había animado el ejemplo del vecino Kirguizistán, donde las multitudes populares se apoderaron en unas pocas horas de la sede del Gobierno y pusieron en fuga al presidente Askar Akáyev.

Uzbekistán, sin embargo, es muy diferente a Kirguizistán, y el duro y autoritario Islam Karímov, muy distinto del científico liberal Askar Akáyev. Aquí, en Uzbekistán, los funcionarios sostienen que basta con dar muestras de debilidad -por ejemplo, dejar libres a los rebeldes, que violaron la ley al asaltar la unidad militar y otros edificios- para que en otras ciudades suceda lo mismo. Andiyán se ha convertido en un ejemplo para atemorizar a los insatisfechos en otras regiones del país.

¿Pueden repetirse los acontecimientos de Andiyán? A corto plazo, difícilmente. Las autoridades actuaron con mano férrea, dejando claro que en cualquier situación semejante están dispuestos a ignorar la seguridad de la población con tal de aplastar la revuelta.

A largo plazo, en cambio, la probabilidad de revueltas populares -ya sean espontáneas u organizadas por radicales- aumenta. Uzbekistán se caracteriza hoy por el hecho de que incluso un problema social pequeño con el tiempo se convierte en un problema político. Por ejemplo, hace poco, ante la Embajada de Estados Unidos en Tashkent, unos granjeros organizaron una manifestación para protestar por la arbitrariedad de los funcionarios que les habían quitado sus acciones. Este conflicto dura más de un año: los accionistas de la cooperativa Kesh recurrieron a todas las instancias posibles en su provincia natal de Kashkadar y finalmente se dirigieron a Tashkent en busca de justicia. Sin embargo, comenzaron a perseguirlos, por lo que el jefe de la cooperativa optó por pedir asilo político en EE UU (que obtuvo) y sus familiares organizaron un mitin, pero ya acompañado de exigencias políticas: la dimisión del presidente y del Gobierno. El mitin fue disuelto y contra los manifestantes se abrieron expedientes criminales.

El verdadero problema de Uzbekistán es la pobreza en aumento, la corrupción y la arbitrariedad de las autoridades. Ningún terrorista puede hacer tanto daño como el que hace una mala gestión económica. El fundamentalismo islámico en realidad está en el último lugar de los problemas que aquejan a Uzbekistán. Pero a medida que cae el nivel de vida de la población y aumenta el paro, la influencia de los radicales se hace más fuerte. Los tribunales corruptos y dependientes no protegen a la gente de la arbitrariedad de los funcionarios.

Ante este penoso panorama, los islamistas proponen una salida primitiva: derrocar al Gobierno y construir el Califato, es decir, un Estado justo que se regirá por las normas de la ley musulmana, la sharía. En honor a la verdad, no se puede afirmar que el Gobierno no combata en absoluto la corrupción de los funcionarios. No hace mucho fue cesado y reemplazado el gobernador de Andiyán; sin embargo, esta medida no salvó la situación.

Todo el sistema postsoviético de Uzbekistán necesita ser modernizado. Estados Unidos ha llamado al régimen a realizar urgentemente las reformas necesarias. Hay que decir que en los últimos 14 años las autoridades acometieron la reforma de la economía en varias ocasiones. El último intento comenzó después de que en 1999 los extremistas armados islamistas llegados de Afganistán amenazaran seriamente la estabilidad del país. Sin embargo, la intervención estadounidense en Afganistán, durante la cual fue destruida la estructura del extremista Movimiento Islámico de Uzbekistán, y la creación de una base norteamericana en nuestro territorio, al garantizarles protección, tranquilizaron definitivamente al Gobierno.

Las causas de los problemas no se encuentran fuera del país, sino en su interior. Ahora las reformas nuevamente están en el orden del día. Sobre ellas habla incluso el presidente Karímov. Pero la lucha contra la pobreza y la corrupción exigirá una completa renovación de la maquinaria estatal, en esencia, necesitada de una nueva ideología modernizada. El problema está en que no hay fuerzas políticas con semejante ideología que estén preparadas para construir la nueva sociedad.

Sanobar Shermátova es analista política uzbeka.