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Columna
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¿Atasco?

Cuando se hizo público que el president Camps quería una reforma del EACV rápida y a ser posible tramitada a finales del mes de abril de 2005, coincidiendo con la celebración del 25 d'abril, algunos analistas dijeron que parecía más una frivolidad que resultado del cálculo meditado de la agenda política que se avecinaba. Incluso el PSPV-PSOE dijo entonces que aceptando el reto de la reforma, el asunto de las prisas o la fecha de caducidad para tramitarla desde las Corts Valencianes le parecía poco recomendable a la vez que falto de entidad.

Si la razón podía obedecer a evitar que el proceso de reforma del EA de Catalunya o el más arduo del autogobierno de Euskadi pudiesen tener efectos negativos sobre las tranquilas y nada ambiciosas pretensiones de los dos grandes partidos valencianos, y parecía que el PP se convertía en intérprete unilateral de lo que convenía a los dos, los acontecimientos posteriores, no obstante, han venido a corroborar que fijarse plazos era más que una caprichosa exigencia ayuna de razones de peso una prevención contra los imponderables que acaban asaltando a los procesos políticos que podemos calificar de subsidiarios.

Y ello es así porque tanto el PP como el PSPV-PSOE, es decir, las secciones regionales valencianas de los dos grandes partidos estatales, en la medida que son disciplinadas y participan activamente en la lógica, preferencias y proyectos de sus metrópolis políticas (las direcciones estatales) no pueden desconocer que cualquier desavenencia de entidad entre éstas acaba teniendo repercusiones inevitables en el espacio de entendimiento que quieran protagonizar aquí. Recordemos, en ese sentido, que el president Camps obtuvo (y así lo recogió la prensa en su momento) el expreso plácet de Rajoy para fijar el alcance de la reforma a negociar con el resto de fuerzas políticas. Por su parte, al líder de los socialistas valencianos, Pla, en la medida que las reformas del PP no suponían exceso alguno con respecto a los límites constitucionales, y, el resto de temas en los que ha insistido el PP, tampoco grandes novedades con respecto a lo que podía asumirse sin traumas, no le hizo falta acudir a su metrópoli para recibir instrucciones que limitaran la reforma más allá de lo que es doctrina aceptada por el socialismo valenciano.

Pero la dilación de los plazos, debido sin duda a la combinación entre la necesidad de pactar asuntos que han ido surgiendo ex novo después de fijar las respectivas posiciones iniciales y las dificultades para encontrar los términos específicos con los que cerrar acuerdos, ha llevado a los negociadores valencianos a los pies de la sombra de ruptura entre las dos metrópolis a cuenta del duro enfrentamiento en materia de política antiterrorista rubricado con el aislamiento que el PP ha sufrido después del unánime respaldo del resto de grupos parlamentarios a la moción que incluye la palabra diálogo para resolver el cáncer del terrorismo independentista vasco en la tarde de ayer.

No sería de recibo, pues, que esa circunstancia pudiese lastrar la recta final del itinerario valenciano de la reforma, ni que los responsables de llevarla a las Corts Valencianes (Camps y Pla) se dejasen enmudecer por la ruptura de sus metrópolis, ni tampoco que, superado este trámite, se encallase en las Cortes Españolas, como ya le ocurrió al Estatut en 1982, que entró con ciertas ganas y salió mutilado del hemiciclo, sin que nadie pudiese por ello presumir de trofeo alguno.

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