Las autonomías crean nuevas tasas y tributos para arañar más ingresos fiscales

Extremadura y Cataluña tienen, pese a los rifirrafes políticos, algo en común en materia fiscal: han desafiado a dos de los sectores económicos más poderosos, la banca y los pesos pesados de la distribución. Los impuestos creados sobre los depósitos en la comunidad extremeña y sobre las grandes superficies en la catalana, ambos recurridos por el Gobierno, son sólo dos dentro de una larga lista de nuevos tributos, recargos o tasas creados en los últimos años por las autonomías. Éstas buscan arañar más ingresos y regular un sector o la demanda de ciertos servicios. El Gobierno, que se dice abierto a "reducir los litigios con las comunidades", negocia con Extremadura y Castilla-La Mancha retirar tres recursos de inconstitucionalidad.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) regula en qué condiciones pueden las autonomías crear sus propios impuestos que sólo están vigentes en su territorio.

Estos tributos autonómicos, que en general suponen una recaudación limitada en relación con presupuesto de ingresos (ver cuadro) al afectar a poca gente o a un único sector económico, existen al margen de los impuestos estatales de cuya recaudación participan las comunidades (como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales). Son también independientes de los tributos que el Estado les ha cedido por completo a las autonomías (como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, patrimonio, juego o actos jurídicos documentados). Los llamados tributos propios conviven, además, con nuevas tasas por prestaciones concretas, recargos y gravámenes varios que vienen proliferando cada vez más a lo largo de la última década.

Esta auténtica jungla tributaria, casi imposible de desentrañar a menos que se peine cada uno de los presupuestos de cada comunidad, coincide en el tiempo con la progresiva asunción de mayor capacidad de gasto por parte de las autonomías, a resultas de la progresiva transferencia de competencias desde el Estado y con dos grandes y costosas mochilas como la educación y la sanidad.

El recargo sobre la gasolina ha sido uno de los más utilizados. Se trata de un gravamen de carácter finalista, ya que la recaudación se destina específicamente a atajar el descontrol del déficit sanitario. Baleares y la Comunidad Valenciana son las dos últimas autonomías que se han apuntado a esta figura, también llamada céntimo sanitario, después de que lo hicieran Madrid, Galicia y Cataluña.

Coste político

Las comunidades -que pese a tener cierta capacidad normativa sobre determinados impuestos, como el IRPF, la han ejercido casi en exclusiva para aplicar deducciones siempre populares, sin mover la tarifa- sostienen que han asumido mayor responsabilidad política con las nuevas figuras tributarias. "No se puede pedir ahora más recursos al Estado si no se hacen los deberes en casa y si no se asume el coste político que supone la impopularidad de poner un nuevo impuesto o una nueva tasa", señala el director general de Tributos de una comunidad, en alusión al melón ya abierto de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Su homólogo de otra autonomía añade que los tributos deben reflejar la aplicación del principio de que quien más consume un bien (pongamos por caso el agua), quien más contamina (por ejemplo, un río) o quien más alegremente recurre a un servicio (como las urgencias médicas en un hospital) debe "tomar conciencia de que lo hace". Y ahí están los cánones y tasas varias para recordárselo y, tal vez, modificar los comportamientos.

Pero la teoría tiene una difícil aplicación práctica. Teniendo en cuenta la prohibición por ley de que las autonomías puedan fijar hechos imponibles ya gravados por el Estado -está prohibida la doble imposición-, las comunidades tienen escaso margen.

No pueden gravar el consumo, ni los ingresos de los ciudadanos, ni el tabaco, ni los beneficios de las empresas, porque ya los grava el Estado. ¿Dónde buscar entonces hechos imponibles? Siguiendo la estela de países como Dinamarca o Alemania, el medio ambiente se ha convertido en cantera de impuestos autonómicos.

Andalucía, por ejemplo, creó hace menos de dos años cuatro nuevos impuestos ecológicos.

El juego ha sido otra de las grandes fuentes de ingresos. Pese a que se trata de un impuesto cedido por el Estado, la mayoría de comunidades ha introducido otras figuras tributarias relacionadas sobre actividades como el bingo, carreras de caballos o loterías varias.

Inconstitucionalidad

"Es difícil encontrar un hueco en el sistema fiscal, y, considerando que la fiebre por los nuevos tributos se ha desarrollado en la última década, a menudo se ha acabado entrando en conflicto con el Estado", subraya Virginia Pou, de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Los recursos de inconstitucionalidad han estado a la orden del día. En algunos casos, las comunidades han recurrido al Tribunal Constitucional para reclamar la propiedad de un tributo -como el gravamen de protección civil de Cataluña-, y en otras el proceso ha sido a la inversa, como en el caso del impuesto balear sobre el medio ambiente.

El Gobierno del PP, cuya segunda legislatura fue de alto voltaje en sus relaciones con las comunidades autónomas, interpuso al menos siete recursos contra tributos autonómicos. Mientras el PSOE formaba Gobierno, en marzo de 2004, interpuso uno contra los residuos radiactivos de Andalucía. Un año antes, en marzo de 2003, cargó contra los impuestos a las grandes superficies en Asturias y Cataluña. En 2002 había acudido al Constitucional contra el impuesto a la banca creado en Extremadura.

Fuentes de Hacienda aseguran que otros tres tributos autonómicos desafiados bajo el PP -dos sobre las actividades e instalaciones que inciden en el medio ambiente, en Castilla-La Mancha y Extremadura, y un tercero sobre los solares sin edificar, también en Extremadura- "se encuentran en plena negociación y en vías de solución".