El tripartito catalán y la nueva cultura de la tasa
La oposición (CiU y PP) al Gobierno tripartito de Cataluña (PSC, ERC e ICV-EUiA) ha encontrado un filón en las tasas, los recargos y los cánones. Y es que, pese a la reducida recaudación en Cataluña -un total de 118 tasas, 18 de las cuales son nuevas de este año, sólo generarán en total 34,5 millones de euros, según los presupuestos autonómicos de 2005, que superan los 22.000 millones de euros-, su proliferación no pasa inadvertida.
La sanidad, que al igual que a otras comunidades autónomas -particularmente la valenciana- lleva de cabeza a Cataluña, condujo a la Generalitat a introducir el céntimo sanitario o el gravamen sobre la gasolina, de 2,4 céntimos por litro (el máximo permitido). Cataluña sigue así la estela de otras comunidades como Madrid o Galicia, mientras ahora otras van por el mismo camino, como Baleares y la Comunidad Valenciana. El Gobierno catalán ha negociado compensaciones con los colectivos de profesionales más afectados por esta medida.
Canon del agua
Y llueve sobre mojado. Al margen de las tasas, la Generalitat introdujo cambios en el canon del agua para penalizar a los consumidores que despilfarren. La medida, al contrario que las tasas más frecuentes, afecta al conjunto de los usuarios, y su poder recaudatorio es mucho mayor (326 millones previstos en 2005, entre cinco y 60 millones más que en 2004, según el número de familias que se molesten en acreditar el número de miembros que viven en el mismo hogar para optar a los correspondientes descuentos).
Si el usuario ha acogido con más desconcierto que enfado estos cambios en el canon por la dificultad de los parámetros que pesan en la estructura del tributo, las industrias que más agua consumen en su proceso productivo, especialmente las químicas, las papeleras y parte de las textiles, han puesto el grito en el cielo.
Además del agua, la energía puede ser también una nueva fuente de ingresos a través de las tasas. El nuevo plan de la energía que negocia el Ejecutivo autónomo sugiere también la necesidad de "implicar" al consumidor en la financiación del soterramiento de líneas de alta tensión en los núcleos urbanos más poblados (algún cargo público ha sugerido cinco euros por año y hogar, que habría que sumar a la tarifa eléctrica) y también un posible recargo para quienes despilfarren electricidad.
