Educación, educación, educación

Tony Blair inmortalizó hace años una expresión durante la presentación de su programa electoral que resumía de manera difícilmente mejorable la convicción de que la calidad, el progreso y la cohesión de nuestra sociedad en un futuro cercano dependían de lo que tuviéramos capacidad y voluntad de hacer colectivamente con la educación. Esta venía a sumarse a otros mensajes como el que pocos años antes había elaborado por encargo de la Unesco un equipo coordinado por Delors. El nivel de conciencia que en nuestro país existe respecto a las ideas que estos y otros informes lanzan es ciertamente elevado.

En verdad, en pocos ámbitos como en la educación hay en Cataluña un consenso tan unánime sobre la importancia social que va asociada a ella. Incluso se podría pensar que en algunas ocasiones esta conciencia provoca un efecto contrario al deseado, ya que las expectativas a las que se somete a la principal institución educativa, la escuela, desbordan cualquier posibilidad de que ésta pueda desarrollar de manera eficaz todo lo que la sociedad espera de ella. No es sólo un problema de disfunción entre las tareas socialmente asignadas a la escuela y las legalmente exigibles, sino también lo es en referencia a la desproporción entre estas tareas que cumplir y los recursos públicos asignados, que en Cataluña están muy por debajo de los que se dan no sólo en el resto de los países europeos, sino en la mayoría de las comunidades autónomas.

La educación debe ser un servicio público que obligue a la Administración a arbitrar los recursos necesarios

En este sentido, no deja de ser sintomático que en el ranking de gasto público educativo -medido con relación al PIB- Cataluña ocupe el puesto 14º de las 17 comunidades autónomas. Es evidente que tenemos un problema de financiación autonómica; pero si hacemos caso de estos datos, no es difícil llegar a la conclusión de que hemos tenido también un problema de prioridad política por parte de nuestros gobernantes en esta cuestión desde hace muchos años y que, a pesar de la importancia verbal que han atribuido a la educación, los resultados no engañan sobre la importancia real que se le otorga.

Hay quien dirá que estos datos son incompletos y que hay que tener en cuenta el esfuerzo que hace la sociedad catalana en educación para poder comparar nuestra realidad con otras. Probablemente sea cierto que, contabilizando el esfuerzo público (2,3 % del PIB) y el privado (el 1,8% del PIB como aportación de las familias a la escolarización de sus hijos en las escuelas privadas concertadas o no), nuestro gasto educativo colectivo consolidado se acerque a la media europea. No voy ahora a discutir estos datos, sólo llamaré la atención sobre algunas consecuencias que se derivan de esta realidad. Una de ellas es el evidente incumplimiento efectivo del derecho a la gratuidad a la educación que la propia Constitución garantiza y el riesgo derivado de este incumplimiento de consolidar una dualización educativa con claras correlaciones con los grupos sociales existentes.

En cualquier caso, sin quitar la responsabilidad que en esta situación puedan tener algunos centros concertados, lo que es evidente es que la primera responsabilidad la tiene la Administración al no disponer de más recursos al servicio de la educación. ¿Alguien ha pensado qué ocurriría si todas las familias decidieran optar por matricular a sus hijos en un centro público o si simplemente las escuelas concertadas decidieran cerrar sus puertas al no poder garantizar el derecho a una escolarización gratuita? El problema de financiación de la acción educativa no afecta sólo a las escuelas concertadas, pero es evidente que hay que asumir que, si se quiere mantener esa realidad que hoy educa

a cuatro de cada seis niños escolarizados, hay que asumir un replanteamiento de lo que hasta hoy se ha dispuesto. No es sólo una revisión parcial que afecte a la cantidad económica que ha de percibir cada centro concertado para garantizar la gratuidad efectiva, es también una revisión del modelo que permita, respetando la tradición de la iniciativa social educativa que hay en nuestro país, la pluralidad social y la libertad de enseñanza, avanzar hacia un modelo educativo en Cataluña que permita sobre todo ganar en cohesión (igualdad de oportunidades real para toda la población, independientemente de su origen social) y en calidad (resultados que permitan a nuestros jóvenes disponer de unos recursos suficientes para encarar su futuro con garantías suficientes de acuerdo con las exigencias de una sociedad que debe responder a los principios de cohesión y de globalidad).

La educación debe ser concebida como un servicio público que obligue sobre todo a la Administración a arbitrar los recursos necesarios. No se trata sólo de que se dé más dinero para la escuela (pública y concertada), sino de definir con claridad objetivos en el campo educativo y de destinar recursos suficientes para que estos objetivos se puedan alcanzar a través de los centros, independientemente de su titularidad. Unos objetivos que en el nivel de su concreción más precisa deben en gran parte ser definidos por cada centro educativo de acuerdo con unos principios generales establecidos por los poderes públicos. Sólo conociendo la realidad más cercana se pueden establecer actuaciones que den respuesta a las necesidades del entorno social donde una escuela se ubica. Eso debe ser una parte sustancial del pacto social que se requiere para la educación en nuestro país.

Jordi Sánchez es profesor Ciencia Política.