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La Asamblea se enfrenta a la Cámara de Cuentas y bloquea su reforma

El órgano auditor se queda sin reglamento

La crisis que sufre desde hace dos años la Cámara de Cuentas de Madrid, entidad fiscalizadora de la gestión pública (Comunidad, Ayuntamiento y organismos y entes oficiales), se agrava día a día. La Mesa de la Asamblea -órgano de gobierno del Parlamento regional en el que están representados PP, PSOE e IU- rechazó el pasado lunes el reglamento de funcionamiento interno de la Cámara que habían acordado los consejeros. La Mesa tomó esta decisión basándose en un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea. PSOE e IU creen que la Cámara de Cuentas se halla abocada a una "crisis sin salida".

La negativa del Parlamento regional a aprobar el reglamento significa en la práctica que la Cámara de Cuentas tendrá que funcionar sin normas claras y mediante un "régimen presidencialista", según opinó Reyes Montiel, parlamentaria de IU, que "fue precisamente el modelo que ha provocado la crisis".

Los tres grupos de la Asamblea regional (PP, PSOE e IU) acordaron el pasado lunes rechazar el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Este reglamento -que había sido aprobado por cinco de los siete consejeros de la Cámara (dos nombrados a propuesta del PP, dos del PSOE y uno de IU) y rechazado por otros dos (2 del PP)- incluía dos novedades: la primera hacía referencia a que los consejeros tenían total autonomía para decidir cuántos técnicos les ayudarían en la elaboración de una auditoría pública; y la segunda, que estos mismos consejeros, con mayoría suficiente, podrían destituir a al vicepresidente de la Cámara de Cuentas.

Los cinco consejeros de la Cámara que votaron elevar al Parlamento el proyecto legal pensaban que con estas dos modificaciones se podría acabar con la fuerte crisis que sufre el más importante órgano fiscalizador de la Comunidad. Desde hace un par de años, la Cámara de Cuentas está paralizada: los consejeros apenas se ponen de acuerdo a la hora de aprobar o rechazar las auditorías realizadas.

Tres presidentes en un año

Finalmente, todo acabó el 15 de mayo del año pasado con la destitución del entonces presidente, Ramón Muñoz (propuesto por el PP y uno de los que ha votado en contra del nuevo reglamento), y su sustitución por otro auditor, Ramón García Mena (también del PP). Pero éste falleció el pasado 12 de abril. Fue sustituido 15 días después por otro consejero propuesto por los populares (con el apoyo del PSOE y la abstención de IU): Manuel Jesús González.

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El reglamento que proponía la Cámara y que han rechazado los grupos políticos no era baladí. Los consejeros querían tener el poder suficiente para decidir cuánto personal necesitaban a la hora de llevar a cabo una auditoría. "Esto significa", señalan fuentes de la Cámara que defienden el reglamento, "que tras el rechao de la Asamblea será el presidente quien tendrá en su mano determinar qué medios se emplean para llevar a cabo una auditoría. Esto es una barbaridad, porque podría darse el caso de que una auditoría no se pudiese realizar por falta de medios y éstos faltasen precisamente porque el presidente, nombrado a propuesta de un determinado partido político, decidiese que un Ayuntamiento gobernado por el partido que le designó como consejero no mereciese tanta atención. Estamos hablando en hipótesis, pero podría suceder".

El proyecto de reglamento también daba al consejo facultades para destituir al vicepresidente, lo que también fue rechazado por los grupos políticos de la Asamblea. "Que el vicepresidente sea nombrado por el presidente no parece muy razonable, porque sus facultades son muy amplias, y debía ser el consejo [todos los consejeros] quienes lo nombrasen", dicen las mismas fuentes.

Reyes Montiel, parlamentaria de IU y vicepresidenta tercera de la Mesa de la Asamblea, explicó ayer que su coalición se opuso a aprobar el reglamento porque venía "acompañado de un pequeño informe de 14 páginas [de los letrados de la Asamblea] que no era suficiente para tomar una decisión". Montiel afirma que propuso que se devolviese el reglamento a la Cámara de Cuentas para que fuese rehecho, pero "el PP se negó". "Me sentí como un bocadillo: o aprobaba el reglamento sin los informes necesarios o lo rechazaba definitivamente porque había cosas que no me gustaban. Fue una maniobra del PP, que es incapaz de respetar la autonomía de la Cámara de Cuentas". La diputada añade que la Cámara lleva cuatro años sin reglamento y que está "en un callejón sin salida".

Fuentes del PSOE manifestaron ayer que los socialistas reclaman para la Cámara de Cuentas la "máxima transparencia, operatividad y colegialidad". "El reglamento que presentó la Cámara lo cumplía, pero el PP lo metió en la Mesa de la Asamblea fuera del orden del día, y con escasos informes jurídicos". Y añaden: "Era positivo y solventaba algunos de los problemas de la Cámara, pero el PSOE no puede aprobar una herramienta tan importante sin la información necesaria. Al final ha ocurrido lo que deseaba el PP: la paralización de la Cámara".

Fuentes del PP manifestaron ayer escuetamente que rechazaron el reglamento porque era "jurídicamente improcedente".

Altos cargos y escudo propio

Madrid

Los consejeros de la Cámara de Cuentas aprovecharon el proyecto de reglamento interno para dotar a este órgano fiscalizador de un escudo propio y ajeno a la Comunidad de Madrid. Los consejeros deseaban que la Cámara, "en sus documentos e impresos" oficiales, pudiera utilizar el escudo de la Comunidad, pero sobre un "fondo de forma circular de color rojo envejecido bordado por la leyenda, en color azul oscuro: 'Curia Rationum Matritensis 2000". No dan más explicaciones.

Sin embargo, la Asamblea de Madrid se opuso a ello basándose en el informe de los letrados del Parlamento regional, que recuerdan que "todos los organismos de la Administración autonómica [la Cámara de Cuentas lo es] y las administraciones municipales de la Comunidad de Madrid deberán utilizar, en los términos de la Ley 2/1983, la bandera, escudo e himno de la Comunidad".

El informe jurídico recuerda también que el escudo de la Comunidad debe figurar "en todos los documentos impresos, sellos y membretes de uso oficial" de la Administración pública.

"Éste es uno de los puntos por el que nos opusimos al reglamento", dice la diputada de IU Reyes Montiel. "Pero imagino que podría haber sido corregido", añade.

Los consejeros de la Cámara querían incluir, además, otras modificaciones. Una de las más llamativas era que todos se convertían en "altos cargos" con el mismo rango que los consejeros del Gobierno regional. "Los consejeros de la Cámara de Cuentas tendrán la condición de alto cargo y el rango, tratamiento y consideración que corresponda a los consejeros de la Administración de la Comunidad de Madrid", decía el proyecto de reglamento.

Esta propuesta también se topó con el informe en contra de los servicios jurídicos de la Asamblea. Los letrados del Parlamento aseguraron que, si bien los consejeros de la Cámara tienen por ley reconocida la misma retribución que los consejeros del Gobierno regional [en torno a los 7.000 euros netos en 12 pagas], "no cabe equiparar retribución con rango y tratamiento". Un consejero de la Comunidad de Madrid tiene la consideración de ilustrísimo señor.

Por último, los consejeros de la Cámara reclaman que los letrados de la Asamblea o un abogado particular los defiendan ante posibles pleitos. El Parlamento regional les ha dicho también que no.

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