Anticorrupción investigará el crédito dado por el Ejecutivo a 'El Periódico de Álava'

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias informativas sobre el crédito de 1,3 millones de euros dado en 2002 por el Departamento de Industria del Gobierno vasco a la empresa editora de El Periódico de Álava, que se cerró el año pasado, para aclarar si hubo un delito de prevaricación en su concesión. La decisión de la Fiscalía es consecuencia de una denuncia presentada el mes pasado por el parlamentario del PP Iñaki Ortega, después de conocerse que la empresa en quiebra, cuyos principales accionistas estaban vinculados al PNV, incumplía las condiciones fijadas por Industria para poder acceder a esa ayuda pública.

Según señaló ayer en una nota informativa la Fiscalía Anticorrupción, con las diligencias informativas se pretende aclarar si existió "un delito de prevaricación" (dictar una resolución injusta a sabiendas) por parte de Industria y si la empresa beneficiada "falseó los datos para poder obtener la subvención". Para ello, la Fiscalía solicita a la Dirección de Ordenación Industrial del Gobierno vasco que le remita una copia del expediente de 2 de julio de 2002 por el que se concedió un anticipo reintegrable por importe de 1.315.000 euros a la empresa Impresores Vasco-Navarros, editora de El Periódico de Álava. Un año más tarde de recibir la ayuda, el diario presentó suspensión de pagos y al siguiente se declaró en quiebra y cerró sus puertas, dejando a 60 empleados y colaboradores en paro. Las posibilidades de que el Gobierno vasco recupere el adelanto reintegrable son nulas, según fuentes jurídicas consultadas.

Condiciones incumplidas

La subvención se otorgó dentro del programa Bideratu, dirigido a promover la viabilidad de empresas en crisis, situación en la que se encontraba el diario alavés. Sin embargo, se imponían varias condiciones -número de empleados (50), partidas del activo (1,8 millones de euros) y cifra de negocios anual (3,6 millones)-, de las cuales había que cumplir al menos dos. El denunciante sostiene que no se cumplía ninguna, mientras que el Tribunal Vasco de Cuentas admitió en el informe de fiscalización realizado a petición del PP que se incumplieron dos de ellas. El anterior consejero de Industria, Josu Jon Imaz, actual presidente de la ejecutiva del PNV y su sucesora, Ana Aguirre, han mantenido en varias comparecencias parlamentarias que la ayuda fue legal.

Sin embargo, Iñaki Ortega considera que se utilizó dinero público de forma irregular para intentar mantener a flote el periódico, cuya línea informativa y propietarios estaban vinculados al PNV, al menos hasta las elecciones locales y forales de 2003, en las que este partido predendía recuperar el control de las instituciones alavesas. "Se concedieron esos millones sabiendo que no debían darse y sabiendo también que no se iban a recuperar", afirma el parlamentario del PP.