Detenido un grupo acusado de estafar a unos 100 inmigrantes con ofertas de trabajo falsas

Nuevo golpe contra los falsificadores de ofertas de trabajo. Agentes de la Brigada Provincial de Documentación y Extranjería han detenido a los nueve integrantes de una banda que se dedicaba a estafar a inmigrantes irregulares con falsas promesas de regularización. Entre los detenidos hay tres españoles, cuatro peruanos, un ecuatoriano y un argentino, que era el que dirigía la organización, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los agentes calculan que unos 100 extranjeros sin papeles han sido víctimas de esta banda. Cada uno de ellos tuvo que desembolsar unos 2.000 euros, de media, a cambio de un contrato de trabajo que no era tal.

Las investigaciones del Grupo V de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación Documental (Ucrif) comenzaron a raíz del testimonio de una mujer de nacionalidad peruana. Ésta denunció que había pagado unos 8.000 euros para que unos individuos le tramitaran los permisos de residencia y trabajo de su hijo y de un ahijado; ambos residían en Perú y tenían la intención de trasladarse a España para instalarse aquí. La mujer contactó con una organización no gubernamental (ONG) de carácter religioso para denunciar el hecho.

La organización ahora desarticulada captaba a sus víctimas en los lugares de reunión y ocio frecuentados por inmigrantes. Trataba con extranjeros que querían traer a familiares de sus países de origen o con inmigrantes sin papeles que querían regularizar su situación en España. El boca a boca también funcionaba en este caso.

Los agentes iniciaron las investigaciones y consiguieron identificar al máximo responsable de la banda: el ciudadano argentino Horacio Luis H. B., de 65 años. Se trata de un jubilado que en su día fue propietario de una empresa (hoy ya sin actividad). Para hacer verosímil lo que ahora se ha descubierto un fraude, Horacio había llegado a alquilar una mesa de despacho en las oficinas de un cónsul.

Los inmigrantes peruanos detenidos son Francisca L. S., de 38 años; su marido, Simón B. Ll., de 47; Alfredo A. P., de 27, y Juver R. I., de 40. Junto a ellos fueron arrestados los empresarios españoles y hermanos Antonio y Valentín L. M., de 39 y 33 años, respectivamente.

Estos dos empresarios cobraban entre 300 y 500 euros por cada solicitud de regularización de extranjeros que presentaban (previamente, la banda había cobrado unos 2.000 euros a cada inmigrante). En la compañía que dirigen ambos figuran 140 solicitudes, de las que 40 han sido admitidas en el último proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno central.

Según la policía, entre los estafados hay personas que hipotecaron sus bienes en el país de origen para pagar el dinero que les exigían para presentarles la documentación. En algunos casos los integrantes de la banda utilizaban los nombres de distintas empresas de construcción, cuyos propietarios desconocían, en la mayoría de los casos, que se estaba haciendo uso de sus marcas.

Empresas sin actividad

En otras ocasiones, como en el caso de dos de los tres españoles detenidos, eran los propios dueños de las empresas los que vendían ofertas fraudulentas a los intermediarios en España. Los acusados fueron arrestados en Illescas (Toledo), Madrid y Alcalá de Henares. Utilizaban los sellos y los documentos de empresas que llevaban más de cinco años inactivas para rellenar con ellos las solicitudes de regularización. Algunas de esas firmas llevaban sin actividad incluso desde 1998.

Los agentes efectuaron diversos registros en los domicilios y en los locales que utilizaba la organización, tras conseguir el preceptivo mandamiento judicial. En ellos se incautaron numerosa documentación relativa a las manipulaciones que el grupo llevaba a cabo, además de sellos, ofertas de trabajo, agendas, solicitudes de permiso de trabajo y residencia y pasaportes, entre otros objetos.

El estudio de esta documentación ha permitido determinar a los agentes del Grupo V de la Ucrif que cada inmigrante entregaba unos 2.000 euros por la tramitación. La policía ha calculado que unos 100 ciudadanos peruanos y ecuatorianos han viajado a España con la ayuda delictiva de esta organización.