Sólo el 15% de las mujeres que trabajan en la agricultura cotizan como empresarias autónomas

El medio rural es especialmente hostil para las mujeres, además de convertirse en un escenario donde se fomentan las desigualdades entre sexos. Al menos así lo constatan las asociaciones de mujeres rurales tomando como base diferentes datos estadísticos. En Andalucía viven unas 800.000 mujeres en el medio rural. De éstas, algo más del 60% (unas 480.000) son agricultoras, pero sólo el 15% (72.000) están dadas de alta como titulares de la explotación agraria y cotizan como autónomas. Las asociaciones piden cambios para favorecer la cotitularidad de ambos cónyuges.

En el campo andaluz trabajan 72.000 mujeres por cuenta propia (autónomas) y alrededor de 220.000 por cuenta ajena, a la vista de la media de mujeres que han percibido el subsidio agrario en los últimos años. Teniendo en cuenta que la cifra de agricultoras es de 480.000, restarían otras 188.000 mujeres que trabajan en el campo sin ningún tipo de prestación o derecho social y engordando las cifras de la economía sumergida.

Para cambiar esta tendencia de evidente discriminación, las organizaciones agrarias vienen reclamando desde hace tiempo cambios legales para fomentar la cotitularidad de las explotaciones, algo que choca con la exigencia legal para que coticen como autónomos tanto el hombre como la mujer y que en las familias del medio rural se considera una carga demasiado grande. "Sólo de esa manera se podrían reconocer los derechos individuales de las mujeres; que ahora están supeditadas al hombre", señala Montserrat Moyano, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía (Ademur).

Esta asociación ha planteado a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) la elaboración de un censo real y un estatuto jurídico propio que permita el acceso a la cotitularidad agraria. "Las mujeres del medio rural queremos vivir donde lo hacemos, pero necesitamos políticas que nos faciliten estar, vivir y trabajar aquí", subraya Moyano.

Isabel Martín Bermúdez, de 48 años y agricultora de Alcalá la Real (Jaén), es una de las 188.000 mujeres que en Andalucía lleva toda su vida trabajando en la agricultura sin haber acumulado ninguna prestación o derecho social. Isabel trabaja junto a su marido en el campo (unas siete hectáreas de olivar, dos de cereal y una de viña y cerezas), y después tiene que continuar el trabajo haciéndose cargo de la casa. Todo está a nombre del marido, que cotiza a la Seguridad Social 150 euros al mes como trabajador agrario por cuenta propia.

"Carga insostenible"

Legalmente, Isabel podría seguir el mismo camino que su marido -cotizar otros 150 euros- y optar así a la cotitularidad de las tierras y, lo que es más importante, adquirir unos derechos sociales que ahora le están vetados. Ocurre, sin embargo, que Isabel, como miles y miles de mujeres en el medio rural, no efectúa ninguna cotización a la Seguridad Social por ser "una carga insostenible" para el trabajo en el campo, donde muchos meses no hay actividad. Por todo ello, las asociaciones de mujeres agrarias reivindican una reducción en la segunda cotización o, en todo caso, un nuevo marco jurídico que permita equiparar en derechos al hombre y a la mujer. "Algo deben hacer porque hasta ahora la única alternativa que tienen muchas mujeres es pedir algún favor y que les firmen alguna peonada para poder cobrar el subsidio agrario", sostiene Isabel Martín, que subraya que jamás ha cobrado el subsidio.

Tradicionalmente, una de las principales vías para poder optar al subsidio agrario ha sido el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), ahora denominado Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria), pero ese sistema ha primado tradicionalmente al hombre. La falta de cotización de muchas mujeres en el medio rural les cierra la puerta para su incorporación a la renta agraria que, desde el año 2003, ha sustituido al antiguo subsidio de desempleo agrario.

De hecho, las mujeres han sido, junto con los inmigrantes y los jóvenes, las más afectadas por los duros requisitos de la renta agraria, sobre todo por la exigencia de cinco años de cotización para los jornaleros mayores de 45 años. Al año y medio de entrar en vigor esa reforma laboral, alrededor de 70.000 jornaleros andaluces se quedaron sin subsidio, de los que se estima que una cifra importante fueron mujeres.