El ex edil de Urbanismo de Tarragona no juzgó incompatible con su cargo invertir en Terres Cavades

El ex concejal de Urbanismo de Tarragona Àngel Fernández (CiU) declaró anteanoche hasta entrada la madrugada ante el juez que instruye el caso Terres Cavades que no tenía constancia de que su cargo en el consistorio fuera incompatible con realizar inversiones inmobiliarias. Fernàndez, junto a su hermano Juan, poseía el 9,8% de la sociedad Promocions Terres Cavades, que pretendía construir 4.850 viviendas -la mayor reforma urbanística de la historia de Tarragona-, y su voto resultó determinante para que el pleno municipal aprobara los sucesivos trámites del plan urbanístico.

El ex concejal admitió que poseía una empresa (Saferpu) junto con su hermano, quien era el administrador, aunque aseguró que desconocía que éste hubiera decidido invertir en Promocions Terres Cavades a través de esta sociedad.

La declaración de Àngel y Juan Fernández siguió la misma línea que la del principal constructor de la ciudad, José Luis García, quien el pasado martes aseguró ante el juez que desconocía que el ex concejal participaba en la sociedad que él impulsaba. "Son declaraciones coordinadas que intentan dibujar una trama de legalidad", dijo ayer el abogado Alfredo Nieto, que representa a ex propietarios que se querellaron contra los inversores por entender que vendieron sus fincas a un precio inferior al de mercado.

Juan Fernàndez explicó al juez que su participación en la promotora de Terres Cavades se limitaba a un papel de inversor y que nunca instó a su hermano concejal ni a acelerar los trámites del plan urbanístico ni a ninguna otra acción que supusiera un delito de tráfico de influencias o prácticas prohibidas para un cargo público, que es precisamente lo que denuncian el fiscal y los querellantes. Àngel Fernández, por su parte, aseguró al juez que no tomó ninguna iniciativa en el área de Urbanismo condicionada por informaciones que su hermano le hubiera facilitado en el terreno empresarial. Fernández ha sido concejal en el Ayuntamiento de Tarragona desde 1989. Al margen de su actividad política municipal, fue también vicepresidente del club Gimnàstic de Tarragona bajo la presidencia de José Luis García.

Por otra parte, aunque no figura como imputado, el juez ha hecho saber al senador convergente Lluís Badia, que en calidad de tal goza de condición de aforado, que existe este proceso abierto en el que sí figura como imputada su mujer, María Cinta Itarte. Badía compró fincas en Terres Cavades a mediados de los años noventa y las vendió en el año 2003, operación con la que obtuvo unos beneficios de 4,2 millones de euros. En el momento de la venta, Badia era también presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, y adjudicó a una empresa participada por José Luís García, Juan y Àngel Fernández la construcción del Centro de Negocios del puerto.

Este edificio lo ocupa en parte ahora en régimen de alquiler la delegación en Tarragona de la Seguridad Social. El fiscal, en su investigación, advierte que Badia podría haber recibido los 4,2 millones después de adjudicar la construcción del Centro de Negocios a los tres socios y afirma que podría existir una trama de conexiones entre constructores y responsables políticos para beneficiarse mutuamente.