El acuerdo para reformar el Estatuto valenciano sigue pendiente de la agencia tributaria

La reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana está casi cerrada, a falta de un acuerdo final sobre la agencia tributaria. El portavoz del PP, Serafín Castellano, anunció ayer un acuerdo "global", a falta de dos artículos, y dio casi por cerrada la negociación del conjunto de reformas legislativas, excepto la de Radio Televisión Valenciana (RTVV). El secretario general de los socialistas, Joan Ignasi Pla, matizó que el tema financiero y tributario "no está cerrado" y que su última propuesta al respecto es "de mínimos". Ambos portavoces anunciaron que la semana próxima se reunirán en presencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para cerrar el acuerdo. Camps insistió en que el nuevo Estatuto "jamás" ha recogido una agencia tributaria.

El conjunto legislativo está cerrado en cuatro de las cinco leyes que el PSPV quiere modificar para profundizar en el autogobierno, y sólo queda por consensuar la reforma de la ley de creación de RTVV, para la que el PP ofreció una nueva fórmula, que Pla se comprometió a analizar.

Los dos portavoces expresaron su deseo de que se cierre la negociación en esa reunión con Camps y firmar entonces un acuerdo para el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma. Ésta sería aprobada todavía en el actual periodo de sesiones (concluye el 30 de junio), pero tras las elecciones gallegas del 19 de ese mes.

Respecto a la financiación, el PSPV quiere que el articulado asegure que se equiparará a la media de las comunidades y que tenga en cuenta la renta per cápita. Para la gestión propone un Sistema Tributario Valenciano que gestione los recursos propios y consorcie con el Estado los cedidos a través de un convenio de colaboración. El PP defiende un sistema de financiación emanado de un acuerdo multilateral entre las comunidades y el Estado.

Por lo que respecta a la gestión tributaria, están dispuestos a que la Dirección General de Tributos se convierta en un organismo autónomo que gestione los tributos propios, mientras que para los impuestos cedidos propone que una ley marque el alcance y las condiciones de esos tributos.