El Consejo Escolar pide al Gobierno que la educación de 3 a 6 años sea obligatoria

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado un informe en el que pide al Gobierno que el segundo ciclo de educación infantil (de tres a seis años) sea obligatorio.

"La enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos y comprende el segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria", señala el informe, que ha enviado a todos los consejeros, incluidos los que participan en el pleno por parte de la administración educativa, es decir, del Ministerio de Educación.

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), elaborado por el departamento de la ministra María Jesús San Segundo, recupera la organización de esta etapa que establecía la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), es decir, una división por ciclos, el primero, de cero a tres años, y el segundo, tres a seis años, ambos de carácter voluntario y educativo. Sin embargo, la LOE señala también, como lo hacía la Ley de Calidad del Gobierno del PP, que a partir de los tres años la enseñanza será gratuita.

La solicitud del Consejo Escolar de que el segundo ciclo de infantil sea obligatorio es una manera, según los sindicatos mayoritarios, de que los centros privados se financien a través de conciertos y no mediante convenios. "Es una manera de garantizar la estabilidad de la financiación y la retribución de los trabajadores de estos centros", señala la Federación de Enseñanza de CC OO.

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado -máximo órgano de representación de la comunidad educativa- la integran el presidente, vicepresidente y la cuarta parte de algunos de los grupos que conforman este organismo. Actualmente, hay representantes de las siguientes agrupaciones: los sindicatos CC OO, UGT, STES, FSIE, la patronal CEOE y Educación y Gestión; las confederaciones de padres CEAPA y Concapa; las agrupaciones estudiantiles CANAE y CES; dos personalidades de reconocido prestigio y miembros del ministerio.

Los consejeros presentaron unas 970 enmiendas en la comisión permanente que se celebró hace unos días. De ellas, 356 han sido aprobadas. El próximo 26 de mayo el informe elaborado por la comisión permanente se llevará al pleno del Consejo Escolar del Estado. Y, previsiblemente, los consejeros cuyos grupos no estén en la permanente podrán presentar nuevas enmiendas. El informe, que no es vinculante, será remitido al Ministerio de Educación, antes de que el anteproyecto de la LOE sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Sobre la enseñanza de las religiones -uno de los temas más polémicos de la reforma educativa- el Consejo Escolar solicita que no tenga materia alternativa obligatoria para aquellos alumnos que opten por no cursarla. El anteproyecto de la LOE no aclara cómo quedará esta asignatura y su posible alternativa. Actualmente, los estudiantes que eligen cursar religión confesional lo hacen desde primero de primaria (con seis años) a primero de bachillerato (con 17 años). Esta asignatura es evaluable y cuenta para la nota media (excepto en primero de bachillerato). Finalmente, la comisión permanente pide que se mantenga la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tal y como recoge el anteproyecto de la LOE. El pleno del Consejo Escolar del Estado del pasado febrero pidió que no se creara un área específica de esta materia. En esta asignatura, el Ministerio de Educación pretende incluir contenidos relativos, entre otros, a los derechos y libertades que garantizan los regímenes democráticos, la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia machista. El anteproyecto recoge que esta materia se impartirá en un curso de primaria y en dos de secundaria.

Ley de financiación

Otra de las peticiones recogidas en el dictamen del Consejo Escolar del Estado señala que la ley educativa que se apruebe vaya acompañada de la correspondiente ley de financiación. "Esta ley vendrá acompañada de una memoria económica que incluya la adecuada financiación del sistema educativo hasta alcanzar como gasto público mínimo un 6% del PIB, lo que serviría de base para la Ley de Financiación que debe acompañar esta ley", señala una de las enmiendas.

Este órgano ha aprobado que se reduzca el número de alumnos por aula, sobre todo cuando existe alumnado con necesidades especiales. Las clases de tres años no superarán los 15 alumnos; desde cuatro años hasta completar la primaria, 20 alumnos por aula; 25 en ESO y 30 en bachillerato; se piden, pues, cinco menos de los actuales, en todos los casos.

También solicitan que la prueba extraordinaria en septiembre para recuperar las materias suspendidas, que la LOE establece sólo para 4º de ESO, se adelante un curso, a 3º. Y reclama que los resultados de las evaluaciones sobre el rendimiento académico no sean "utilizados para una clasificación de los centros escolares".