Comparaciones

Hay debates sobredimensionados, jaleados quizás por el interés de algunos partidos o algunos medios. Se pretende convertir una corruptela en un escándalo y con el ruido cambiar la mirada de la gente sobre otros asuntos o conseguir objetivos espurios. Quizás se busca establecer la idea de Andalucía como un lugar donde la venalidad está extendida y no es cierto. No hay una situación generalizada de corrupción, por mucho que le interese a algunos o sirva para vender más periódicos. En Andalucía los asuntos públicos los llevan gente honrada. Como en todo colectivo numeroso, siempre hay aprovechados en distinta magnitud. Ni la Junta esta gestionada por la banda de Alí Baba ni el PP son una cueva de ladrones. En general, Andalucía es un lugar donde la corrupción es muy baja y los asuntos, cuando se descubren, suelen ser atajados con celeridad. Por otra parte, no hay comparación posible entre casos conocidos. Por ejemplo, no es lo mismo el caso de las facturas falsas de Sevilla y la Zona Franca de Cádiz. Ni por asomo. En Sevilla han desaparecido 4.800 euros. En Cádiz estamos hablando de 80 millones. No es lo mismo una agresión que un asesinato y un asesinato que un genocidio. Hay diferencias. Lo cual no quiere decir que no haya que atacar todos los casos de corrupción sin excepción. La Zona Franca ha sido un lugar completamente oculto durante ocho años. No se sabe qué ha ocurrido con el dinero, pero entre los gastos sin control, las sobrevaloraciones, los contratos inflados, los préstamos para actividades dudosas y el despilfarro estamos hablando de mucho dinero. Lo curioso del caso es que mientras la fiscalía ya ha actuado en Sevilla, en Cádiz el asunto sólo ha llegado al Tribunal de Cuentas. Nos anuncian que hoy puede ser el día que se tramite la denuncia en el juzgado, pero no conviene precipitarse porque después de que hace cinco años salieran los primeros datos todavía estamos a la espera. De cualquier forma no hay comparación posible en cuanto a la dimensión de cada asunto. No cabe en ninguna mente sensata poner en el mismo saco los dos casos. Deben pagar todos los responsables sin excepción, pero cada uno en función del menoscabo que ha causado al erario público. Y aunque parezca una ingenuidad no estaría mal que devolviesen el dinero unos y otros, mientras se investigan las responsabilidades penales.