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El PP se niega a introducir la sedación terminal en la ley de testamento vital

Los populares lo creen innecesario, y el PSOE les acusa de negar derechos al paciente

Oriol Güell

La negociación en la Asamblea de Madrid del proyecto de Ley de Instrucciones Previas, conocida también como de testamento vital, ha reavivado las diferencias entre el PSOE y el PP sobre los cuidados paliativos cuando aún sigue abierta la crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés.

El PP ha rechazado añadir en el primer trámite parlamentario del proyecto de ley una enmienda socialista que incluía una mención expresa de la sedación terminal. La enmienda añadía esta referencia al texto original, que incluye una mera referencia general a las "medidas paliativas" considerada como "claramente insuficiente" por los socialistas.

"El PP muestra así su doble moral", criticó ayer el diputado Eduardo Sánchez Gatell, del PSOE. "Mientras en Leganés acusa injustamente a los médicos de no haber recogido el consentimiento informado de los familiares de los enfermos terminales [del Severo Ochoa], ahora niega a los ciudadanos el derecho de dejar por escrito su deseo de que, en caso de enfrentarse a una muerte dolorosa, puedan recibir una sedación terminal", añadió.

El portavoz de Sanidad del PP, Javier Rodríguez, considera "innecesaria" esta mención. "El proyecto de ley ya recoge que el ciudadano puede dejar por escrito su deseo de evitar el sufrimiento con la aplicación de medidas paliativas. Esto es suficiente, y no es necesario poner puertas al campo concretando más. Tampoco hay que decir que el diabético debe recibir insulina, porque el médico sabe muy bien lo que debe hacer", afirmó Rodríguez.Las Instrucciones Previas son un documento por el que cualquier ciudadano deja por escrito los tratamientos que quiere o no quiere recibir en el caso que, por enfermedad o accidente, llegue a una situación que le impida manifestarlo, según el artículo 2 del proyecto negociado en la Asamblea.

Un enfermo, por ejemplo, puede dejar instrucciones para que no le sea prolongada la vida artificialmente o ser sometido a tratamientos o intervenciones quirúrgicas que no desea. Estas instrucciones, sin embargo, tienen dos límites, según el artículo 11 del proyecto: la legalidad vigente (por lo que se excluye la eutanasia activa) y la buena práctica médica. Éste último permite al médico apartarse del testamento vital si considera que su código deontológico o los beneficios del acto que quiere aplicar al enfermo van a ser beneficiosos para éste.

El proyecto de Ley de Instrucciones Previas -su nombre completo es Proyecto de Ley 8/04 por el que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente- fue aprobado por el Consejo de Gobierno regional el 9 de diciembre.

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Esta semana ha concluido en la Asamblea el primer trámite del proyecto en la cámara regional. En la ponencia, los grupos del PP, PSOE e IU han negociado enmiendas al texto original. La próxima semana, el proyecto será discutido en comisión, donde podrán añadirse nuevas enmiendas. Finalmente, el Pleno de la Asamblea lo estudiará antes de su aprobación, previsiblemente en junio.

Enmiendas

Los socialistas han presentado 11 enmiendas al proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno. Seis de ellas han sido rechazadas por el PP, entre ellas la más controvertida: la referente al artículo 6. El primer punto de este artículo establece que "en el supuesto de situaciones críticas vitales e irreversibles respecto a la vida, [el documento de Instrucciones Previas] podrá incorporar declaraciones para que se evite el sufrimiento con medidas paliativas". Pero el PSOE quería añadir: "y de alivio del dolor, en un entorno adecuado, aún cuando supongan algún riesgo de acelerar el exitus [la muerte]".

Sánchez Gatell considera "clave" esta precisión explícita a la sedación terminal. "La crisis de Leganés ha demostrado la inseguridad jurídica que sufren los médicos a la hora de aplicar sedaciones terminales. También el vacío legal existente, que no garantiza a los ciudadanos morir sin dolor. Un objetivo de Ley de Instrucciones Previas era resolver estos dos asuntos y ahora el PP se niega a ello", critica Sánchez Gatell. "Para nosotros, es clave que el ciudadano pueda incluir en sus Instrucciones Previas su deseo de ser sometido a sedación terminal llegado el caso", añade.

El PP acusa a los socialistas de "aprovechar la negociación de la ley para defender su actitud irresponsable en la crisis de Leganés", según el diputado popular Javier Rodríguez. "La inclusión del término 'medidas paliativas' es genérica y por lo tanto incluye, si el médico lo cree adecuado, la aplicación de la sedación terminal. No es necesario concretar en la ley todos los tratamientos aplicables", añadió Rodríguez, que niega las acusaciones socialistas de que el PP trate de limitar la aplicación de las sedaciones terminales y los cuidados paliativos.

El proyecto de ley prevé que el Gobierno regional cree un registro en el que sean incluídos todos los documentos de Instrucciones previas. El Ejecutivo destinó para ello una inversión de 300.000 euros en diciembre.

El PSOE también critica que el PP haya rechazado en ponencia una enmienda que promovía "mecanismos de publicidad" para que "el Gobierno informe a todos los ciudadanos de qué es, cómo puede hacerse y cómo debe registrarse el documento", según Sánchez Gatell. "Parece que el PP no tiene mucho interés en que los ciudadanos puedan conocer que tienen este derecho y cómo hacer uso de él", añade.

Rodríguez lo niega y afirma que "simplemente se ha aplazado el debate de esta enmienda para que sea discutida en comisión". El PP también critica que los socialistas porque "polemicen con una ley que aún está en negociación". "Me parece una actitud política inmoral", afirmó Rodríguez.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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