El Estado ingresará 118 millones más al mes tras la regularización

El viernes pasado, cuando todavía faltaba una semana para el cierre del proceso de normalización, los empresarios ya habían presentado 520.000 solicitudes de regularización de inmigrantes. Si las altas en la Seguridad Social confirman esa cifra de empleos arrancados a la economía sumergida, el Estado ingresará por ellos un mínimo de 118 millones de euros mensuales en concepto de cotizaciones.

El proceso de normalización tiene dos vertientes: una, humana, que previsiblemente sacará de la explotación a cientos de miles de trabajadores extranjeros y les permitirá disfrutar plenamente de sus derechos. Y otra, económica, que supondrá una importante inyección de dinero a la Seguridad Social.

Dado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aún no ha hecho públicos los sectores de actividad para los que están siendo contratados los inmigrantes, este periódico ha calculado sus futuras aportaciones a las arcas públicas a partir del salario mínimo, fijado en 513 euros. Es decir, que la cantidad resultante puede ser mayor, pero no menor, en el caso de que el número de altas en la Seguridad Social supere, como esperan las autoridades de Trabajo, la barrera del medio millón.

La base mínima de cotización (es decir, la cantidad mínima por la que pueden cotizar trabajadores y empresarios) es, en ese caso, de 598,50 euros. Esa base mínima es, por ejemplo, la que tienen las empleadas de hogar. De ella, el empresario paga el 31,59% y el trabajador, el 6,40%. La cantidad resultante (227,37 euros mensuales) incluye las contingencias comunes (bajas por enfermedad), el seguro de desempleo y la cuota de formación.

Si multiplicamos esos 227,37 euros por las 520.000 solicitudes de regularización que, acompañadas por los correspondientes contratos, había recibido la Administración hasta el viernes pasado, el resultado es de 118.232.400 euros, que ingresará cada mes la Seguridad Social cuando culmine el proceso de regularización.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, se mostró ayer convencida, en declaraciones a este periódico, de que "todas o prácticamente todas" las solicitudes de regularización presentadas se transformarán en altas en la Seguridad Social. "No tiene lógica", explicó, "que alguien estampe su firma en un contrato e informe a la Administración de que quiere legalizar la situación de un trabajador para, finalmente, no completar el trámite. Sería tanto como si nos dijera que mantiene una situación fuera de la legalidad y, por tanto, nos facilitaría la tarea de control [de la Inspección de Trabajo]".

Además de las cotizaciones a la Seguridad Social, el Estado ingresará una cantidad importante en concepto de las tasas que deben pagar los empresarios y los inmigrantes al hacer los trámites de la regularización.

Otros 100 millones en tasas

En el caso de los empresarios, esas tasas ascienden a 175,65 euros por cada trabajador regularizado (salvo en el caso del servicio doméstico con varios empleadores). En cuanto a los inmigrantes, deben abonar 5,37 euros para la obtención del permiso de residencia y otros seis euros para recoger la tarjeta de identidad.

Empresarios e inmigrantes deben pagar por cada regularización, pues, un total de 187,02 euros. Esa cantidad, multiplicada por los 520.000 expedientes recibidos, da unos ingresos de 97.250.400 euros. Es decir, que el proceso de normalización no supondrá cargo alguno para los contribuyentes; al contrario, sus beneficios rondarán los 100 millones.