El Ararteko reclama a Educación que las guarderías públicas tengan la misma cuota

Los padres que mandan a sus hijos a las escuelas infantiles de titularidad pública en Euskadi se enfrentan a una paradoja: la cuota a pagar es diferente dependiendo de si la titularidad del centro es del ayuntamiento, del Gobierno o de ambos. Los esfuerzos de las administraciones por financiar la etapa de 0-3 años no han tenido aún reflejo en una homogeneización de las tarifas. El Ararteko ha solicitado al Departamento de Educación que revise, reconduzca la situación e iguale las cuotas, si pretende consolidar un servicio que promueva y asegure "una auténtica igualdad de oportunidades" para todos los ciudadanos.

En su último informe de actividad correspondiente a 2004, el Ararteko presta una especial atención a la educación infantil y llama la atención sobre la disparidad de las cuotas en los diferentes municipios, a pesar de que el servicio es de carácter público. Por eso recomienda a Educación que utilice la financiación para lograr la homogeneización y que arbitre algunas medidas de coordinación mientras persistan las diferencias, como unificación de criterios y procesos de admisión de los niños de 0-3 años.

Faltan unos mínimos de coordinación para ordenar el acceso a la educación en este tramo

La escolarización en esta etapa no es obligatoria. Sin embargo, la incesante demanda social empujó a la Administración a regular este tramo en diciembre de 2002. Hasta ese momento, la situación de las guarderías en la comunidad autónoma era muy diversa en función de la provincia en la que estuvieran ubicadas. En Álava, especialmente en Vitoria, predominan las escuelas infantiles de titularidad municipal; en Guipúzcoa, las dependientes de la Diputación; en Vizcaya, son sobre todo privadas o gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. A partir de la regulación, este variopinto mapa se mantiene y se añade una nueva figura: el consorcio Haurreskolak, donde los ayuntamientos se hacen cargo de los gastos y mantenimiento de las nuevas guarderías y el Gobierno vasco financia su funcionamiento y los sueldos de los educadores.El panorama de la educación infantil en la comunidad autónoma se compone de las guarderías de titularidad exclusivamente municipal, las pertenecientes al consorcio Haurreskolak, las escuelas infantiles del Departamento de Educación y las aulas abiertas por los centros privados concertados y los privados puros. El compromiso que el Gobierno adquirió en su momento era financiar progresivamente, hasta un 60%, el coste de las plazas en el tramo de 0-2 años, independientemente de la titularidad de los centros, y financiación de hasta el 60% para plazas no públicas y del 100% para las públicas en el tramo de 2-3 años. El resto del coste lo deben sufragar los padres.

El Ararteko ha comprobado cómo esos esfuerzos de financiación del Gobierno no han redundado en una mayor homogeneidad a la hora de establecer las cuotas que deben pagar los padres. "Conseguir la promoción de una auténtica igualdad de oportunidades de nuestros menores exige una planificación razonada en cuanto a los objetivos de financiación y apoyo económico", advierte el Defensor del Pueblo vasco. La institución que dirige Iñigo Lamarca resalta que, mientras la gratuidad de estos servicios siga siendo un objetivo pendiente, "no hay que descuidar aquellas otras medidas que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso a las guarderías, favoreciendo, en todo caso, la gratuidad en las familias con menos recursos económicos".

Como ejemplo de la situación tan dispar que vive el primer ciclo de la educación infantil, el Ararteko pone algunos ejemplos. En los municipios donde el Departamento de Educación ha habilitado aulas de dos años ante la falta de iniciativa por parte del ayuntamiento correspondiente, las familias consiguen acceder al servicio de forma gratuita. En cambio, en otras localidades donde ya se contaba con una oferta municipal previa, la financiación promovida por el Gobierno mediante convenios con sus ayuntamientos "no se ha traducido en ninguna medida positiva orientada a favorecer la gratuidad", señala el Ararteko. Esta financiación tampoco ha tenido ninguna repercusión en una mayor homogeneización de las cuotas dispuestas por los diferentes consistorios.

Lucha por el alumno

El Defensor del Pueblo Vasco concluye que muy pocas localidades cuentan con una oferta pública única. La realidad más extendida es la de una pluralidad de ofertas públicas convergentes (municipal, consorcial o del propio departamento), cuya consecuencia inmediata es la diferencia en las cantidades que se pagan de cuota por recibir el mismo servicio y sin que existan unos mínimos de coordinación que permitan ordenar el acceso a la educación en este tramo de edad.

El informe también dedica un apartado a la financiación que la consejería de Educación aporta a las escuelas de titularidad privada y que en algunos casos ha servido para que estos centros hagan una competencia desleal a la red pública. Esta inyección económica permite a los colegios privados abrir aulas para los más pequeños y abaratar las matrículas gracias a la subvención recibida. En muchos casos se trata de grandes colegios privados concertados que ofrecen el resto de tramos educativos, de modo que lo que pierden al principio (con cuotas más bajas que la red pública), lo ganan después al conseguir mantener a los estudiantes en el centro hasta el final de la educación obligatoria. De esta forma, consiguen aumentar su capacidad de captación de alumnado, mientras se reduce la de la escuela pública. Según un estudio hecho por los servicios de Inspección del propio departamento, al menos un 11% de los centros privados disminuyó las cuotas en función de la subvención recibida.

La evolución de la matrícula en escuelas infantiles de la comunidad refleja esta realidad. En el curso 2002-2003 la mayoría de los niños de 0-3 años (53,8%) estaba matriculado en centros públicos, mientras que en el curso 2003-2004, a partir de la regulación de este tramo educativo, el 49,5% lo está en centros privados y el 50,5% en públicos. Educación ha reaccionado y ha modificado la convocatoria de ayudas para evitar esta picaresca.