Ginecólogos navarros niegan ser objetores y se muestran dispuestos a practicar abortos legales

Ginecólogos navarros de la red hospitalaria y de los centros de atención a la mujer han negado que la objeción de conciencia de los profesionales sea el motivo por el que centenares de mujeres de la Comunidad foral deben abortar cada año -900 casos en 2003- fuera de Navarra o en redes clandestinas. Estos médicos se muestran dispuestos a practicar abortos legales en la red pública con arreglo a la ley.

El Gobierno navarro acaba de impedir la creación de un registro con los facultativos objetores al aborto, que podría posibilitar la práctica ahora imposible en Navarra de un derecho respaldado por la ley orgánica 9/1985. La constitucionalidad de un registro de tales características, propuesto por el PSN-PSOE y apoyado por todos los partidos de la oposición, está avalada por un informe de los letrados del propio Parlamento foral. Dice éste que una relación de objeción de conciencia en materia de aborto posibilitaría congeniar los derechos de las usuarias con los de quienes ejerzan la objeción de conciencia, "además de permitir a la administración y los servicios sanitarios organizar las prestaciones con mayores garantías y quizás disminuir las incertidumbres, sin lesionar ninguno de los derechos fundamentales".

Los partidos del Gobierno navarro, UPN y CDN, impusieron su mayoría absoluta en el Parlamento foral para rechazar la creación del registro. Sin embargo, la comunicación pública de los ginecólogos Elisa Sesma, Pablo Sánchez Valverde, Ana Uriz, Marycruz Landa, Hortensia Yagüe y Pilar de la Cueva, pertenecientes a los centros de atención a la mujer Andraize e Iturrama, de Pamplona, y al Hospital de Tudela, ha puesto en evidencia que el principal argumento del Ejecutivo de Miguel Sanz para justificar su inacción en esta materia, la existencia de una objeción de conciencia colectiva en los profesionales, no es real."Ha quedado demostrado que hay profesionales sanitarios dispuestos y que tenemos infraestructura para la práctica de los supuestos despenalizados de aborto. El problema es que el mayor objetor de conciencia de Navarra es el propio Gobierno navarro", afirma Elena Torres, portavoz del grupo parlamentario del PSN-PSOE,

Según el propio Ministerio de Sanidad, el número de mujeres que aborta en Navarra se ha incrementado espectacularmente en los últimos años. De 407 casos evaluados en 2001 se pasó a 900 interrupciones en 2003. Sin embargo, sólo una de cada diez mujeres acude al Servicio Navarro de Salud (SNS) para informarse. El resto aborta por otros medios, incluyendo circuitos clandestinos. A través de un decreto foral de julio de 2001, Navarra financia los abortos en clínicas ajenas a la comunidad, incluyendo los gastos médicos, las dietas y los hospedajes.

Esta situación deriva del enjuiciamiento al que fueron sometidos en 1987 los ginecológicos del hospital Virgen del Camino de Pamplona que entre 1986 y 1987 practicaron diez interrupciones legales de embarazo. Una denuncia de la asociación Acción Familiar derivó en su procesamiento y posterior absolución, aunque sectores ultras desplegaron una campaña de acoso y difamación en la calle, incluyendo amenazas personales, que logró el objetivo de impedir la realización de abortos en la red sanitaria pública.

La necesidad de regular el alcance de la objeción para evitar abusos se tradujo días atrás en la propuesta del PSN-PSOE apoyada por IU-EB, Aralar y EA-PNV para crear un registro de objeción que permitiera a los centros y la Administración foral ordenar la prestación de un servicio sanitario de obligado cumplimiento. Un instrumento que "no resultaría contrario a los derechos reconocidos en los artículos 16 [libertad ideológica y religiosa] y 18

[derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen] de la Constitución española", según resalta el informe jurídico del Parlamento navarro.

"La hipocresía del gobierno navarro se basa en una suposición irreal: que todos los ginecológicos del SNS son objetores", reitera Elena Torres. "Navarra vive en esta materia un estado de excepción", sostiene el coordinador de IU en Navarra, Félix Taberna. "Se debe respetar la objeción, claro está, pero también garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo con arreglo a la ley", manifiesta Miren Egaña (Aralar). La portavoz de EA, Helena Santesteban, apuntó en el debate parlamentario opciones como la de ley o concertar las interrupciones con clínicas privadas navarras sobre las que se tiene el convencimiento de que las practican, aunque oficialmente no lo reconocen. El portavoz de UPN, Javier Marcotegui. repite que no existe el derecho al aborto sino el derecho a la vida de todo nasciturus, que derivar los abortos fuera de Navarra es el único instrumento que tiene el Gobierno y que crear un registro de objeción sería inconstitucional.