Órdenes de demolición desobedecidas en Cádiz

En Cádiz, la situación urbanística más conflictiva se vive en El Puerto de Santa María, donde la Junta decidió retirar al Ayuntamiento que dirige el independiente Hernán Díaz Cortés (ahora en alianza con el PSOE) las competencias sobre el plan de desarrollo de la finca Las Beatillas. El promotor privado José Antonio López Esteras ha construido un complejo de 4.000 metros cuadrados de superficie que incorpora un centro de congresos, un restaurante y pistas deportivas. Y todo lo hizo con una licencia de reforma de un cortijo.

Ante la pasividad municipal en el caso, la Junta anunció en 2003 el derribo del complejo, decisión avalada por una reciente sentencia judicial aunque aún no ejecutada. Además, el delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, ha remitido al fiscal el crecimiento ilegal experimentado por el Pinar de Coig, un espacio protegido, donde se han registrado más de una treintena de edificaciones y parcelaciones ilegales con el beneplácito del Ayuntamiento.

Los encontronazos de la Junta con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda son también frecuentes. El 21 de abril, el equipo de gobierno del PP se vio forzado a reconocer que familiares directos del alcalde, Juan Rodríguez Romero, construyen ilegalmente un chalet en la finca La Jara, a pesar de que el plan de desarrollo de estos suelos está aún pendiente del visto bueno de la Junta. No es éste el único caso abierto en la ciudad. El Ayuntamiento ha desatendido la impugnación de la Junta al Plan Parcial de Verdigones, un suelo en línea litoral, donde el Ayuntamiento permitió el alzado de una planta de áticos no prevista en el planeamiento. Además, el Ayuntamiento modificó unilateralmente el plan urbanístico programado para los suelos del antiguo parque botánico, de modo que el sector privado ha logrado parcelas que inicialmente estaban reservadas para servicios públicos y zonas verdes.

La Junta también observa irregularidades en el Ayuntamiento de Barbate, gobernado también por el PP. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó la demolición de parte de estas instalaciones del complejo Montenmedio al entender que son ilegales y se construyeron sin licencia sobre terreno rústico. El propietario, Antonio Blázquez, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, y el Ayuntamiento se ha inhibido de ejecutar la sentencia. El conflicto más reciente se refiere al convenio firmado por el Ayuntamiento para desarrollar tres proyectos hoteleros en el cabo de Trafalgar, de gran belleza paisajística. La Junta ha reducido la edificabilidad del proyecto municipal y sólo permite construir dos de los tres hoteles anunciados, con lo que los inversores han amenazado con retirarse.

El gobierno municipal del PP en La Línea de la Concepción se encuentra también inmerso en un mar de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas. La actuación más reciente de la Junta hace referencia al parque Princesa Sofia, donde el gobierno local de Juan Carlos Juárez quiere impulsar la construcción de varios restaurantes, un aparcamiento y un complejo de edificios para uso comercial en 178.000 metros cuadrados. Según el PGOU vigente desde 1993 en ese parque sólo se puede hacer uso del 2% del suelo para equipamientos.

También es polémico el proyecto de construcción del futuro Palacio de Congresos de la ciudad, cuya ejecución está denunciada en los juzgados por el grupo socialista desde el pasado 29 de marzo, al considerar que se ha excedido en el volumen de edificabilidad, incumpliendo una vez más el plan urbanístico. Obras Públicas también estima que se ha invadido una zona de terreno de especial protección agraria próxima a los 17.000 metros cuadrados en el desarrollo de un polígono industrial.

Con información de Fernando Pérez Monguió y Cándido Romaguera.