Málaga, irregularidades de la costa al interior

En Málaga se localizan la mayoría de los municipios que la Junta cree más conflictivos en materia de urbanismo, aún con la exclusión de Marbella, ayuntamiento al que considera en franca rebeldía legal. La fuerte presión urbanística en la provincia ha hecho que algunos ayuntamientos hayan consentido irregularidades que han motivado contenciosos con la Junta e investigaciones judiciales. Las tensiones se han extendido a pueblos del interior.

En 2001, Benalmádena fue uno de los cuatro municipios costeros de Málaga a los que la Junta no prorrogó las competencias delegadas en materia de urbanismo, pero se las restituyó en 2003, una vez que el consistorio elaboró el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Desde entonces, el consistorio del independiente Enrique Bolín ha aprobado ya 25 modificaciones. Sólo en 2004, la Junta impugnó diez, a los que hay que sumar otras cuatro este año, en su mayoría por volúmenes de edificabilidad muy superiores a los contemplados en el PGOU.

La modificación más significativa es la que afecta a la urbanización Torrequebrada por la que se otorgaron a cinco manzanas el doble del volumen programado. Así las cosas, La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio tiene previsto apercibir al Ayuntamiento para que revise el PGOU. Y la Junta tampoco aprueba la propuesta de ampliación de Puerto Marina.

Estepona es otro municipio costero que acumula conflictos. Desde 2003 está gobernado por el socialista Antonio Barrientos, que cerró una coalición con ex GIL e IU. Una de las primeras medidas de Barrientos fue volver a vender a la promotora Marín Hillinger una privilegiada parcela ubicada entre el puerto deportivo y la playa de El Cristo. El anterior gobierno anuló una operación similar por considerar que el precio era muy bajo (13 millones) y anunció una subasta. Ahora Barrientos, la ha vendido por un precio superior (36 millones) y con menos edificabilidad. Un reciente informe del Consejo Consultivo andaluz desautoriza la venta directa.

Polémicas han sido también las donaciones millonarias que el Ayuntamiento ha recibido de promotoras privadas. Pero el principal litigio abierto es por desobediencia. El Ayuntamiento se ha negado a atender el requerimiento de la Junta para anular una licencia concedida en un suelo previsto en el PGOU como sistema general.

La Junta ha tenido que tomar una medida poco usual respecto al Ayuntamiento que dirige José Alberto Armijo (PP) en Nerja: subrrogarse las competencias municipales en materia sancionadora. Lo ha hecho por la dejación del consistorio para atajar parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable. Lo peor del asunto es que el autor de esta infracción es el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Jimena, que ha realizado varias parcelaciones en un campo de aguacates de su propiedad sobre el que se levantan ya al menos siete chalés. El procedimiento seguido para burlar la ley fue solicitar segregaciones una a una, entre 2000 y 2003. El anterior edil de Urbanismo de Nerja, José Luis Pezzi, también del PP, autorizó la mayoría de las segregaciones y ha reconocido que de esa forma era imposible detectar la infracción tanto para él como para la Junta.

Como en Benalmádena, Obras Públicas también recela de las continuas modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Torremolinos, que preside el popular Pedro Fernández, al que ya en 2001 también quitó las competencias delegadas en materia de urbanismo. Los litigios entre la Junta y el Ayuntamiento se centran en que éste se arroga competencias para la aprobación de planeamiento que son autonómica. Por ejemplo, El Ayuntamiento ha firmado con la promotora Arenal 2001 un convenio para desproteger una parcela y calificarla como suelo urbanizable, en el que podrían alzarse más de 4.000 viviendas.

Segunda línea

Las irregularidades también se extienden a municipios del interior. En Valle de Abdalajís (PP), las inspecciones de la Junta han detectado la concesión de 112 licencias de obras sin proyecto técnico y con informes jurídicos y urbanísticos contrarios. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio del que sería responsable el alcalde, Tomás Gómez, y otros concejales del municipio. En La Viñuela (PSOE), un pequeño municipio de la comarca de La Axarquía, el Ayuntamiento también ha concedido licencias de obras sin trámites esenciales como los informes técnicos y jurídicos. La Fiscalía de Málaga pidió en septiembre pasado a los juzgados de Vélez Málaga que investigaran la construcción de 25 viviendas sin licencias de obras en suelo no urbanizable. En Cómpeta (PP), la Consejería de Obras Públicas ha remitido al Ministerio Fiscal tres casos de licencias otorgadas por el consistorio de este municipio en suelo protegido y con informes contrarios de los técnicos municipales. Una iniciativa similar ha adoptado en Gaucín (PA), por nueve posibles casos de prevaricación en la concesión de licencias de obras en las que se han omitido informes técnicos.