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El Supremo archiva la denuncia del PP contra el fiscal general por el 'caso Majadahonda'

El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia interpuesta por el PP de Madrid contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a quien acusaba de presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos en relación con el caso Majadahonda. En un auto hecho público ayer, del que es ponente Julián Sánchez Melgar, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de súplica interpuesto por el PP contra el auto de la misma Sala que en marzo ya había acordado archivar la denuncia.

La denuncia del PP estaba basada en el decreto que el fiscal general firmó el 25 de febrero por el que daba traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia presentada por dos concejales del PSOE sobre tráfico de influencias en actuaciones urbanísticas en el citado municipio. Para el alto tribunal, la decisión del fiscal "no puede ser calificada de arbitraria", y tampoco ha existido delito de revelación de secretos porque "cumplió con el deber de información".

La actitud de Conde-Pumpido, que divulgó el decreto por el que se atribuían a Anticorrupción las competencias para abrir diligencias preprocesales, indignó al PP de Madrid, que le acusó de actuar de forma "partidista". El secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, presentó una denuncia por prevaricación y revelación de secretos.

Esclarecer los hechos

El Supremo entiende que Conde-Pumpido no actuó de forma arbitraria, sino que, al contrario, su decisión de investigar lo ocurrido en Majadahonda antes de acudir al juez tenía por objeto "precisamente el esclarecimiento de los hechos denunciados, antes de proceder al archivo de las actuaciones o la formulación de denuncia o querella". Añade que "es evidente" que, en este caso, "se relataron comportamientos presuntamente delictivos y se acompañó voluminosa documentación, que aconsejaban la práctica de diligencias de averiguación, con el resultado final que se considere procedente".

Según el Supremo, tampoco se puede atribuir a Conde-Pumpido la comisión de un delito de revelación de secretos "porque la Fiscalía cumplió con el deber de información" al que le autoriza el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Tampoco se puede invocar secreto de sumario "sencillamente porque aquí no hay sumario alguno en tramitación". El auto atribuye a los recurrentes cierto desconocimiento de "los principios informadores del derecho penal" por extrañarse de que un tribunal confirme el criterio de la Fiscalía. Les recuerda también que deberían haber presentado una querella, en vez de una denuncia.

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La secretaria de Política Institucional del PSOE de Madrid, Ruth Porta, denunció ayer "la presión que sobre la Justicia viene realizando la presidenta de la Comunidad", Esperanza Aguirre (PP), que en este caso "no ha dado resultado alguno". "Aguirre tiene que explicar su supuesta implicación en el caso Majadahonda tras las acusaciones realizadas por dos concejales de su partido", añadió.

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