China aprueba los juicios con jurado, pero con personas recomendadas

"La ley es lo mismo que el Partido Comunista Chino (PCCh) porque la ley está al servicio del Gobierno, no del pueblo". La frase, de una ciudadana de Pekín, refleja la opinión que tienen muchos chinos de un sistema legal en el que los abusos y la corrupción son moneda corriente. Según Amnistía Internacional, la falta de imparcialidad e independencia es un mal generalizado. Las causas están en que los tribunales están financiados por los Gobiernos locales, los jueces son nombrados por el PCCh, al que muchos pertenecen.

Las autoridades centrales son conscientes y están tomando medidas. Con objeto de reducir la arbitrariedad del sistema legal, el Gobierno va a introducir en junio los juicios con jurado. Más de 53.000 personas -de las cuales, 27.000 se incorporarán el 1 de mayo- entrarán a formar parte de los tribunales. Pero en lugar de ser elegidas para cada ocasión, serán nombradas por cinco años tras haber sido recomendadas por sus unidades de trabajo. Según ha asegurado Jin Changrong, subdirector del Alto Tribunal Popular de Shanghai, la medida ayudará a construir "un sistema judicial más democrático, abierto, justo y autorizado".

Los civiles ocuparán un máximo de dos de los tres asientos que integran el jurado, y participarán en casos "de gran repercusión social". La directiva exige que sean mayores de 23 años, tengan un nivel mínimo de educación y no posean antecedentes penales. No serán elegibles los diputados -sean nacionales o provinciales-, ni los miembros de la estructura judicial y de las fuerzas de seguridad.

Reforma simbólica

Algunos expertos consideran que la reforma no aportará grandes cambios. "Esto es algo simbólico, que no supondrá ningún progreso para los procedimientos criminales, porque será muy difícil para los miembros del jurado supervisar el poder de los jueces. Por ejemplo, en lo que respecta a la corrupción", asegura un académico chino. "Se trata de una medida abstracta, puesta en marcha por razones políticas.".

El académico cree que, aunque la reforma "es positiva, aportará independencia al sistema, no es suficiente". "Si el Gobierno quiere que haya control en el proceso judicial, debería utilizar jurados más amplios", dice. China incluyó los jurados en la Constitución en 1954, pero hasta ahora no existían reglas que estipulasen su funcionamiento. Actualmente, los jueces son los únicos árbitros. Y seguirán siéndolo en las apelaciones.

La implantación del nuevo sistema es uno de los objetivos fijados por el Tribunal Popular Supremo. Pekín ha puesto en marcha una reforma para que el máximo órgano recupere la última palabra en todas las sentencias de muerte que se dictan en el país, una facultad que perdió a principios de la década de 1980 en beneficio de los altos tribunales provinciales.

En los últimos meses, la prensa china se ha hecho eco de las inquietudes de algunos sectores de la población sobre la aplicación de la pena capital, y ha aireado algunos casos de graves errores judiciales.