Fox sacrifica a su fiscal general para cerrar la crisis con el alcalde de México

La crisis política mexicana desatada por el interminable contencioso en torno al procesamiento del jefe del Gobierno (alcalde) del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, entra en vía de solución después de que el Gobierno de Vicente Fox haya abierto la puerta a la negociación. La defenestración del procurador (fiscal) general de la República, Rafael Macedo de la Concha, presentada el miércoles por la noche como una dimisión, elimina un importante obstáculo para que los políticos pacten en su terreno una solución sin la amenaza de la justicia.

El procurador dimisionario era favorable al procesamiento del alcalde de la capital, una actuación judicial que muchos mexicanos entendieron como maniobra política. En un mensaje dirigido a la nación, Fox garantizó que López Obrador (favorito en las encuestas) podrá concurrir a las elecciones presidenciales de 2006: "Mi Gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda".

El camino está allanado para celebrar la reunión, aceptada por ambas partes, entre el presidente y el alcalde. Sólo falta fijar día y hora. Fox anunció que la fiscalía revisará de manera exhaustiva el expediente judicial de López Obrador y que el Gobierno enviará al Congreso una iniciativa legislativa para resguardar los derechos de los ciudadanos sujetos a juicio mientras no se dicte sentencia final y definitiva.

Una propuesta de ley de reforma integral de Justicia y Seguridad que el Ejecutivo presentó al Parlamento el año pasado no mereció mayor consideración de la Cámara, controlada por el hoy opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El mensaje del presidente Fox confirma que el alcalde de Ciudad de México conservará sus derechos políticos, en contra del criterio de la fiscalía, al margen de que sea procesado o no. El 7 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados votó a favor del desafuero de López Obrador para que pudiera ser juzgado por el delito de desacato por un pleito urbanístico. El día siguiente, Fox declaró que con la decisión de la mayoría de diputados, México dio al mundo "un ejemplo de legalidad". Ahora es el propio jefe del Estado quien opta por una vía de dudosa legalidad para superar una situación empantanada, que ha polarizado la política mexicana y erosionado su figura.

La estrategia de López Obrador de presentarse como víctima de una maniobra política orquestada desde Los Pinos (residencia presidencial) para apartarle de la carrera electoral le ha dado buenos resultados, a juzgar por las encuestas. La mayoría de mexicanos está en contra del desafuero y el alcalde encabeza cómodamente la preferencia de voto, cuando todavía no ha sido proclamado candidato presidencial. Asimismo, su índice de popularidad aumenta al mismo ritmo que desciende el de Fox.

Más allá del presunto desacato de López Obrador a una orden judicial y a la supuesta violación de la legalidad que cometió el alcalde, es cada vez más unánime la opinión de que detrás del desafuero hay intereses políticos. Así lo expresaron destacados medios de la prensa internacional, y lo reiteraron en México cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron el domingo pasado en el Distrito Federal, en la mayor concentración política convocada por la izquierda mexicana.

El portavoz presidencial, Rubén Aguilar, admitió ayer que la movilización del domingo "fue clave" para el cambio de actitud del Gobierno. El desafuero de López Obrador se había convertido, a ojos de muchos ciudadanos, en una guerra entre el presidente y el alcalde y poco tenía que ver con la defensa del Estado de derecho en un país donde es frecuente la violación de la ley.

En busca de una salida

La primera señal de que el Ejecutivo buscaba una salida jurídica para salvar la cara la dio el coordinador de las relaciones de Presidencia con la prensa internacional, Agustín Gutiérrez Canet, al declarar que entre las opciones que se barajaban para resolver la crisis del desafuero no se descartaba el indulto a López Obrador. El funcionario fue desautorizado por sus superiores, aunque la realidad ha mostrado finalmente que el equipo presidencial buscaba desde hace días una salida decorosa. Fuentes de Presidencia confirmaron esta semana el interés del presidente en "salvar la cara jurídica" del caso.

La solución tenía que pasar, necesariamente, por deshacerse del procurador general, en cuyas manos el presidente había puesto la estrategia jurídica para desaforar a López Obrador y apartarle de la carrera electoral.

Las cosas llegaron demasiado lejos como para que Macedo de la Concha, antiguo general del Ejército, aceptara una solución que deja en entredicho a la fiscalía. En su mensaje de despedida el procurador dijo que hacía falta "gente que tenga una mirada diferente de los temas que son sensibles para todos". En solidaridad con el dimisionario renunciaron al cargo 12 de los colaboradores más cercanos del fiscal, entre ellos Carlos Javier Vega Memije, subprocurador de Delitos Federales, quien argumentó en el Pleno de la Cámara de Diputados del 7 de abril a favor del desafuero de López Obrador.