El Parlamento comenzará la legislatura sin su letrado mayor

El Parlamento vasco encara su octava legislatura teniendo todavía vacante su principal cargo jurídico interno, el de letrado mayor. Desde julio de 2003, la Cámara ha funcionado sin su jefe de los servicios jurídicos, la persona con mayor responsabilidad en el Legislativo al margen de los cargos de elección política. Su presidente, Juan María Atutxa, optó por dejar el puesto sin cubrir después de que su entonces titular, Eduardo Mancisidor, dimitiera a raíz del conflicto con el Tribunal Supremo por la disolución de Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo de la ilegalizada Batasuna. La nueva Cámara se constituirá el 16 de mayo con todos sus grupos legales, por lo que la situación podría variar.

El letrado mayor es el responsable máximo del equipo de letrados y de los servicios administrativos de la Cámara, una especie de director general. Su tarea supone una ligazón entre la Mesa, a la que asiste y asesora, y el conjunto de funcionarios del Parlamento. Junto con esta labor de asesoramiento y asistencia jurídica, el letrado mayor también atiende a la Comisión de Urgencia Legislativa, que trabaja a puerta cerrada.

La historia de la vacante se remonta a julio de 2003. Ese mes, el Tribunal Supremo remitió una providencia a la Mesa del Parlamento instándole a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak en aplicación de la sentencia de la Sala del 61 del alto tribunal por la que cuatro meses antes ilegalizó a Batasuna. Atutxa le respondió que el Reglamento de la Cámara no le permitía esa disolución.

A raíz de esa respuesta, el Supremo remitió una segunda providencia al interventor, Ricardo Murueta-Goyena, y otra al letrado mayor, Eduardo Mancisidor. Al primero le exigió que no pagase a los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak sus sueldos y dietas y a Mancisidor, que les retirase todos los medios materiales con que trabajaba el grupo, incluido el local. El interventor se avino a no pagarles, pero el letrado mayor respondió al Supremo que se le ordenaban cuestiones ajenas a su competencia, ya que quien decide sobre los locales y demás bienes materiales es la propia Mesa del Parlamento, en la que la pasada legisaltura estaban representados PNV, EA, PP, PSE y EB.

El Supremo le volvió a instar a que dejase al grupo sin medios de trabajo bajo apercibimiento de desobediencia. Mancisidor optó entonces por dimitir. Atutxa resolvió en ese momento que los cinco letrados de la Cámara, incluyendo el propio Mancisidor, ejerciesen de manera rotatoria la asistencia jurídica a la Mesa y a la Junta de Portavoces, dejando sin cubrir el puesto de letrado mayor.

Tanto el PP como PSE expresaron en su momento sus dudas de que fuesen válidos los acuerdos adoptados por la Mesa si se seguía esta fórmula de los letrados rotatorios. Atutxa entendió que si Mancisidor era sustituido, su sucesor iba a sufrir el mismo conflicto con el Supremo.

Sin letrado mayor, el Parlamento dejó pasar el tiempo sin cumplir el auto del Supremo, que ordenaba específicamente al responsable de los servicios jurídicos que dejase sin asistencia material a SA.

Primero cada mes y después cada dos meses, los cinco letrados se han ido repartiendo la función de asistencia a la Mesa. La situación se ha prolongado en el tiempo y, aunque se ha sacado adelante el trabajo de la Cámara, desde la elaboración del plan estratégico interno hasta el servicio que se presta a los funcionarios, la ausencia de la figura del letrado mayor se deja notar en el trabajo diario.

"Hay decisiones que se toman con cierta provisionalidad", comenta una fuente que ha seguido todo el proceso. "En una administración con una estructura jerárquica no es conveniente que falte un eslabón, porque, al final, es el presidente del Parlamento el que tiene que hacer de letrado mayor en algunas cosas, cuando ése no debe ser su cometido. El que la actividad no se paralice depende mucho de la implicación de los funcionarios".

La octava legislatura se abre con nuevas perspectivas, ya que el grupo que motivó el conflicto con el Tribunal Supremo ha desaparecido y todos los que formarán la nueva Cámara son legales. Lo lógico sería que el nuevo presidente del Parlamento designase a uno de los cinco letrados para el cargo de letrado mayor y su nombramiento fuese después aprobado por la Mesa. La situación regresaría así al punto de partida en julio de 2003. Atutxa ha propuesto que el nuevo Parlamento se constituya el 16 de mayo. Para ello es necesario que se acrediten antes un tercio (25) de los parlamentarios.