El tripartito defiende un mecanismo progresivo de solidaridad con las otras comunidades

Un modelo de corte federal, alejado de extremismos y con suficiente sintonía con los planteamientos de CiU como para que reciba el apoyo mayoritario del Parlamento catalán. Ésas son las premisas del sistema de financiación y de una de las propuestas más significativas del Gobierno tripartito de Cataluña: el mecanismo de solidaridad con el resto del Estado. La fórmula definitiva cumplirá dos principios básicos: que las comunidades presten niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal similar y que las regiones que pagan más impuestos se beneficien de una parte de ese mayor esfuerzo fiscal.

La propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica pactada por el Gobierno tripartito catalán no incluye la concreción del mecanismo de solidaridad definitivo entre la comunidad y el resto del Estado. Pero sí enuncia los principios básicos de ese mecanismo, que se pactarán en la ponencia que redacta el nuevo Estatuto catalán, en la que participan los dos partidos de la oposición parlamentaria en Cataluña: CiU y el PP.

El sistema postula un mecanismo que aumenta progresivamente las transferencias destinadas a solidaridad interterritorial a medida que crece el nivel de capacidad financiera de Cataluña sobre la media española. El objetivo es que en las comunidades autónomas que pagan más impuestos, como Cataluña o Madrid, una parte de ese mayor esfuerzo redunde en beneficio de la región. Para ello, el borrador inicial establecía tres tramos con un nivel de solidaridad distinto, en el que las transferencias al Estado aumentan a medida que la capacidad fiscal de Cataluña alcanza cifras por encima de la media.

En definitiva, se trata de establecer una fórmula que permita que las distintas comunidades puedan prestar niveles similares de servicios si llevan a cabo un esfuerzo fiscal similar. La aportación autonómica se realizará teniendo en cuenta los niveles de gasto que soporta la comunidad, que incluyen variables como la población, la pirámide de edad (es decir, el envejecimiento de la sociedad, directamente relacionado con el gasto sanitario) y los flujos migratorios.

Evaluación quinquenal

Además del nivel de gasto, la propuesta catalana prevé que las transferencias de solidaridad no creen desincentivos económicos entre las regiones, tanto para las que realizan transferencias al Estado en concepto de solidaridad como para las que las reciben. El objetivo es no generar un efecto perverso e introducir estímulos en un modelo estable, pero no cerrado, que incluirá un sistema de evaluación quinquenal para revisar la cuantía y los efectos de las transferencias.

En definitiva, se trata de que el mayor esfuerzo fiscal eventualmente realizado por los catalanes, calculado a partir de la diferencia entre los impuestos soportados por Cataluña y la media de las comunidades, se traduzca en una mayor capacidad financiera y mayores ingresos para la Generalitat. Para calcular el esfuerzo fiscal, además, se tendrá en cuenta el conjunto de precios privados para servicios públicos que ya soporta Cataluña, como los peajes.

El borrador que barajaba el Ejecutivo autonómico hace escasas semanas y que finalmente no ha sido incorporado al proyecto concretaba un mecanismo con tres tramos de solidaridad. El primer tramo se centraba en el supuesto de que la capacidad fiscal de Cataluña se encuentre entre el 100% y el 110% de la media española. En este primer tramo, se destinaría el 30% de lo que supere la media española a transferencias a las otras comunidades y el 70% restante se quedaría en Cataluña. Si el nivel catalán de renta fuese del 110% al 120% de la media española, se aportaría el 30% en el primer tramo más un 60% del segundo tramo (del 110% al 120%). Si la renta catalana se hallase por encima del 120% de la media española, en el tercer tramo aportaría el 80%. Por ejemplo, si la renta de Cataluña es del 122% de la media española, de 100% a 110% aportará el 30%; de 110% a 120%, el 60%, y del 2% restante, el 80%.

La inspiración alemana se constata en una de las condiciones que fija: el sistema debe garantizar una reducción de las diferencias de renta entre comunidades a través de transferencias, pero sin llegar a invertir esas diferencias. Ese principio se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional alemán.