Una disposición trampa

El plomo seguirá siendo plomo y la reforma del Estatuto que se pretende por parte del PP seguirá manteniendo a la sociedad valenciana en la segunda división A autonómica por más que Camps se empeñe en lo contrario. Al presidente de la Generalitat le vendieron en la madrileña calle de Génova, sede nacional del PP, una piedra filosofal adquirida en un todo a 6 euros que se trajo a Valencia creyendo, o queriendo hacer creer, que las aspiraciones y los deseos políticos de un pueblo se iban a colmar con apenas unas líneas mal colocadas al final del texto estatutario.

Tanta era la convicción del presidente en su solución que mandó abrir los informativos de Canal 9 con grandes titulares: "Hay acuerdo. Tenemos Estatut", cuando no había una cosa ni la otra, pese a que el confiado líder de los socialistas, Joan Ignasi Pla, a punto estuvo de decir que sí a una propuesta mal contada por teléfono. Una disposición transitoria tramposa, inútil y jurídicamente irrelevante.

Tiempo habrá para saber si a Camps le engañaron en su buena fe sus compañeros de la calle de Génova o si, en su afán por cerrar la reforma estatutaria, tomó por oro político lo que no era más que plomo. Lo cierto es que renunció a defender su propio proyecto territorial, asumiendo una subsidiariedad respecto de otras autonomías y aceptando una propuesta que deja el futuro competencial del Estatut en manos del PP catalán, residual en su territorio, y del andaluz, condenado a ser oposición por mucho tiempo. Esto es así porque los criterios autonómicos fijados por los populares en San Millán de la Cogolla establecen el doble consenso para considerar válidas las reformas estatutarias. De tal modo que todo aquello que sea rechazado por el PP en origen, también será rehusado por Rajoy y los suyos en el Congreso de los Diputados. ¿Alguien se imagina que el Estatut pueda tener competencias vetadas por el PP en Madrid, por mucho que las detenten Cataluña o Andalucía?

La reciente historia de la reforma valenciana registra en un mes varias renuncias de los populares en relación con cuestiones aprobadas por consenso. Por ejemplo: la supresión de la referencia a las provincias en el preámbulo del Estatut, el acuerdo en que el TSJ fuera la última instancia judicial o la supresión de la barrera electoral del 5% que se trasladaría a la ley electoral valenciana. No son los únicos cambios que el PP ha efectuado sobre cuestiones pactadas. La última redacción modifica acuerdos alcanzados e implica una involución respecto de temas ya tratados.

El PP parece dispuesto a poner el contador a cero en la reforma del Estatut en un intento, cada vez más claro, de endosarle el fracaso a la oposición, cuando suya es una buena parte de la responsabilidad. Resultaba muy extraño que quien no quiere cambios en el País Vasco ni en Andalucía, los impulsara en la Comunidad Valenciana.