Políticos pacatos

El estamento judicial suele ser muy prudente a la hora de emitir opiniones. Es un imperativo profesional, al margen de que, individualmente, tengan poco o nada que decir acerca de cuanto ocurre en su entorno. Los veteranos del gremio aseguran que aumenta mucho, que ha de aumentar más deprisa, pero que mejora poco. Ya se sabe, no siempre la cantidad va de consuno con la calidad. Y de hecho, uno ha de esforzarse para recordar jueces y fiscales más jóvenes que hayan dicho o se hayan destacado por algo notable, obviadas sean algunas sentencias dignas de enriquecer cualquiera de las antologías del disparate judicial, tan divertidas como deprimentes, cuando no indignantes.

De ahí que resulten llamativas unas declaraciones como las recientemente hechas por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, en el curso de una conferencia ante la Asociación de Juristas Demócratas. Decía el mentado togado que se proponía pedir más medios para perseguir los delitos económicos y urbanísticos, algo que le honra y que está en sintonía con el problema que percibe cualquier ciudadano, por no hablar del déficit crónico de recursos materiales y personales que aflige al poder judicial. En la misma página de este rotativo donde se insertaba la noticia que anotamos se consignaba que en 2004 los juzgados penales de la Comunidad dejaron sin juzgar 7.670 causas y las salas penales de la audiencias dejaron pendientes 726.

Decía algo más, y es ahí donde constatamos la singularidad de su desahogo. Afirmaba, en punto a los delitos urbanísticos, que las normas vigentes eran "pacatas", esto es -colegimos nosotros- inadecuadas para disciplinar y perseguir el desmadre inmobiliario que lleva trazas de arrasar paisajes, parajes y aun viejas urbes amenazadas con la carta blanca para construir sobreelevados. Como Valencia, en cuyo ayuntamiento alguien ha debido volverse pirulo o pirula. Y, claro, sin recursos idóneos y leyes "pacatas" ¿qué demonios pueden hacer los jueces y fiscales, que no sea contemplar inermes el progreso del desmán y, como todo vecino, andar cautos para no ser víctimas del mismo?

Resulta obvio que nuestro fiscal jefe, aún perorando en un foro de demócratas, ha de tentarse los machos y no disparar por elevación a fin de no errar el tiro. Pero ése no es nuestro caso y bien podemos proclamar lo que late en la mente de todo lector para quien está muy claro que no es solo la ley, sino el legislador, la causa de este desmadre normativo que propicia fortunas, envilece el territorio, trastrueca ediles en agiotistas y convierte en papel mojado las declaraciones y hasta compromisos medioambientales. Con otras palabras: si algo hay pacato en los mimbres sociales y cívicos es la llamada clase política, una rémora insoslayable, pero también un flagelo inmerecido, con las excepciones de rigor.

Explica el señor Cabedo que tal desarme se debe a que la Administración "no se fía" de ellos, de los jueces y fiscales. Y con razón. Con otro rigor y medios sería cosa de ver la cuerda de presos anudando ediles, promotores, agentes urbanizadores y otros mandamases corporativos que se han puesto el territorio por montera y por toda credencial exhiben el "pelotazo". Vergüenza habría de darles a diputados y senadores que sea Bruselas la que haya de denunciar la trinca territorial instituida. Pacatos y algo peor es lo que son.