La Consejería vasca de Interior gastó en escoltas privados en 2004 un 25% más de lo presupuestado

15,8 millones de euros más. Éste es el desfase constatado en el pasado ejercicio entre lo presupuestado por la consejería vasca de Interior para la seguridad privada de personas amenazadas por ETA y su entorno (60 millones de euros) y lo realmente gastado (75.844.430 euros), un 25% más de lo incluido en el presupuesto de 2004.

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo aprobó ayer una partida de gasto extraordinario de 15 millones de euros para paliar este desfase. El Ejecutivo no atribuyó el espectacular incremento a ninguna razón concreta y simplemente indicó, en una nota facilitada tras la reunión del Consejo (no se celebró la rueda de prensa habitual), que el desembolso era necesario ante "la persistencia del fenómeno de la violencia y de las condiciones de amenaza para la integridad física de un importante colectivo de personas" en el País Vasco. El montante total se destinó a "financiar los servicios de escolta y de vigilancia privada" establecidos por el Gobierno vasco.

La consejería que dirige Javier Balza corre con el 50% del gasto total presupuestado para la seguridad de los amenazados, mientras que el Gobierno central abona el otro 50%. En los presupuestos del Ministerio del Interior para este año, la partida de seguridad privada para los amenazados con residencia en Euskadi y Navarra alcanza ya los 92 millones de euros, un 26% más que lo gastado en 2004, según datos oficiales.

903 personas con protección

Desde que la consejería de Interior comenzó su programa de servicios de seguridad privada en 2000 se han gastado 218 millones de euros (dos millones el primer año, 26 en 2001, 52 en 2002, 63 en 2003 y 75 millones de euros el pasado ejercicio). Sin embargo, el número de personas escoltadas no ha conocido una gran variación desde 2001, año que ascendían a 903, según un informe remitido por Balza al comisario europeo de Derechos Humanos. En la nota oficial de ayer se indica que "son más de 900 las personas con protección personal" con "seguridad privada financiada por la Administración".

Para haberse producido este desfase tan grande tendrían que haber concurrido varios factores a la vez. Por ejemplo, que las empresas privadas hayan logrado de la Administración vasca contratos con mejoras sustanciales frente a los de años anteriores o que los 600 ertzainas que ha llegado a tener la Ertzaintza realizando servicios de escolta se hayan reducido drásticamente y esos servicios hayan pasado a manos privadas. O que se hubiesen doblado determinados servicios (dos escolta por amenazado, algo que básicamente se produjo antes de 2004).

El Gobierno vasco también aprobó ayer una orden por la que se regulan las ayudas a organizaciones y asociaciones de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo. Estas subvenciones alcanzarán un máximo de 48.000 euros para cada proyecto dirigido a "prestar asistencia y apoyo humano y atención psicosocial a las víctimas de actos terroristas".