López Obrador regresa a su despacho de alcalde de la capital de México en un desafío a la fiscalía

El Gobierno mexicano considera que el regreso de Andrés Manuel López Obrador a su oficina en el Ayuntamiento del Distrito Federal para reasumir las funciones de alcalde es una provocación. "Es una violación a las leyes", declaró ayer Rubén Aguilar, portavoz del presidente, Vicente Fox, poco después de que López Obrador, desaforado por la Cámara de Diputados el 7 de abril, anunciara en la sede del gobierno municipal que sigue siendo el alcalde.

Reforzado por la multitudinaria manifestación de apoyo del domingo, López Obrador hizo un llamamiento a sus adversarios políticos a escuchar la voz de la gente. "La marcha del silencio" que recorrió el domingo el centro del Distrito Federal reunió, según observadores imparciales, a más de medio millón de personas en la mayor manifestación política que se registra en México desde las movilizaciones estudiantiles de 1968. La Secretaría de Seguridad municipal asegura que 1,2 millones de personas salieron a la calle para rechazar el desafuero del alcalde.

La demostración de fuerza del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital ha sido una señal inequívoca del respaldo popular a López Obrador y un mensaje al Gobierno de Fox, a quien el alcalde acusa de querer destruirlo políticamente. Los cientos de miles de manifestantes muestran la concordancia entre la realidad y las encuestas, que indican que la mayoría de mexicanos considera que el desafuero es una maniobra política para apartar al alcalde de la carrera electoral. Los sondeos también sitúan a López Obrador como el candidato favorito para las elecciones de 2006.

La jornada del domingo dará que pensar a los líderes políticos del Partido de Acción Nacional (PAN), en el Gobierno, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que votaron a favor de la retirada de la inmunidad constitucional del alcalde, con el propósito de que fuera juzgado por desacato en relación a una disputa urbanística en Ciudad de México. Está por ver el coste político que tendrá para estos dos partidos su postura a favor del desafuero. La gigantesca manifestación polariza el escenario político mexicano y aumenta la presión para que López Obrador no sea sometido a proceso penal.

Ahora tiene la palabra la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, dependiente del Gobierno, que en las próximas horas podría solicitar una orden de captura contra el jefe de Gobierno de la capital. El subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Carlos Javier Vega, ha advertido de que la decisión de la Cámara de Diputados de retirar el fuero del alcalde y separarlo de su cargo sigue vigente. Añadió el representante del ministerio público que el regreso de López Obrador a su despacho puede implicar un delito de usurpación de funciones. "Tiene que haber responsabilidad penal, porque está actuando sin tener ya esas facultades", advirtió.