La piqueta amenaza Can Ricart

La transformación del Poblenou industrial, el antiguo Manchester catalán, en el distrito digital del 22@ está hallando más resistencias de las previstas. El derribo del polígono industrial de Can Ricart ha suscitado la protesta de los empresarios y obreros que trabajan en este espacio y de las asociaciones vecinales del barrio, que han presentado un plan alternativo para salvar los edificios que aún albergan parte de la producción de 34 empresas, sobre todo metalúrgicas. El Ayuntamiento de Barcelona lo rechaza porque cree que la actividad de estas empresas es incompatible con los usos previstos por el plan especial que se aprobó para este espacio y que prevé oficinas, equipamientos asociados a las nuevas tecnologías, zonas verdes y viviendas protegidas.

Las 35 empresas de Can Ricart coinciden en que casi todas tenían contratos precarios

"El plan actual favorece intereses inmobiliarios y no preserva el patrimonio industrial"

Cuando el pasado jueves miembros del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a Can Ricart para desahuciar a la primera de las 35 empresas que serán desalojadas, se encontró con la férrea oposición de más de 200 trabajadores y vecinos, que improvisaron una barricada en la entrada del recinto con un armatoste de hierro y máquinas. A mediodía, la plaza principal del polígono ya casi estaba vacía. "Es que hay mucha gente que trabaja en otras plantas, en Sants y Zona Franca", terció un trabajador. Can Ricart conserva aún el aspecto más genuino de la antigua colonia industrial. Si no fuera por las numerosas pintadas contra el alcalde Joan Clos, la entrada en el recinto sería un retorno al siglo XIX.

Àngela Gisbert, la dueña de Ricson, empresa que iba a ser desahuciada el jueves, explicó que su familia lleva en Can Ricart desde 1943. "Hace cinco años decidí hacer una inversión renovando la maquinaria y contratando a nuevos trabajadores, por lo que no me queda casi dinero para trasladarme a otra nave", afirmó Gisbert, quien aseguró que ahora sólo reclama que le faciliten nuevas instalaciones.

La situación de las 35 empresas de Can Ricart, que sobre todo se dedican a la metalurgia, es dispar, aunque coinciden en que casi todas tenían contratos precarios. Los propietarios de la finca, la familia Ricart -marqueses de Santa Isabel-, firmaron con sus inquilinos contratos de cinco años sin derecho a indemnizaciones, según el Ayuntamiento. Sin embargo, las versiones varían bastante según quién la cuenta. El abogado de los trabajadores, Francisco Ibáñez, sostiene que en febrero de 2004, cuando se realizó la aprobación inicial del proyecto, 15 de las 35 empresas tenían "un contrato en condiciones, que les permitirá ser indemnizadas". Las otras 20, en cambio, iban renovando sus contratos cada mes y no recibirán ninguna compensación.

Otras fuentes aseguran que los contratos eran en muchas ocasiones "de palabra", dada la "relación cordial que la familia Ricart mantenía desde hacía décadas con los propietarios". Este diario intentó hablar con los Ricart, pero no dieron su versión de los hechos. "De cualquier modo", opina Ibáñez, "los contratos estaban vigentes cuando se recalificaron los terrenos, por lo que estas empresas y sus empleados tienen derecho a indemnizaciones. De momento, sólo nos dan el 20% de lo que queremos. Y, segundo, si el Ayuntamiento cree que somos incompatibles con los nuevos usos, nos tendrá que buscar un nuevo emplazamiento".

Tampoco hay unanimidad sobre los trabajadores que hay en el recinto. Los empresarios sostienen que son unos 250 empleados, pero el Ayuntamiento asegura que en el recinto sólo quedaban entre 30 y 40 personas, puesto que muchas empresas habían trasladado la mayor parte de su producción a otros barrios de Barcelona.

A la polémica de Can Ricart se añade otro ingrediente, la demanda de los vecinos para la conservación del patrimonio industrial del viejo Manchester catalán. El plan especial prevé que se mantengan dos naves de las instalaciones, una chimenea y la torre del reloj. El resto está amenazado por la piqueta al no estar catalogado como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero el Fòrum de la Ribera, una plataforma cívica que reúne varias entidades vecinales, encargó un estudio a la Universidad de Barcelona a través del cual se ha descubierto que el recinto fue diseñado por Josep Oriol Bernadet, que proyectó la fachada principal, y Josep Fontserè, arquitecto del parque de la Ciutadella y el mercado del Born.

Los vecinos presentaron esta semana en la Fundació Tàpies un proyecto alternativo elaborado por un equipo encabezado por el arquitecto Josep Maria Montaner, que se basa en la concentración de las nuevas actividades para preservar todo el edificio y la trama urbana del interior del recinto. "El Ayuntamiento ha prescindido de un estudio histórico y arquitectónico para elaborar el planeamiento actual, que sólo favorece los intereses inmobiliarios y no apuesta por la preservación del patrimonio industrial de la ciudad", aseguró el miembro del Fòrum del Besòs, Salvador Clarós.

Francesc Narváez, concejal del distrito, rechazó las propuestas de los vecinos, a los que describió como "conservacionistas extremos". El concejal explicó que se han catalogado 26 edificios industriales y que en las reparcelaciones de fincas se ha fijado la conservación de cerca de 90 instalaciones, que pueden acoger viviendas privadas.

Tanto los vecinos como CiU, el principal grupo de la oposición en el consistorio, esperan un cambio de postura del tripartito barcelonés o de alguno de los socios del PSC. Los vecinos han anunciado movilizaciones vecinales contra el derribo del recinto fabril más antiguo de Barcelona. Aunque la amenaza de la piqueta es inminente: una brigada de operarios ya empezó a desmontar a finales de marzo las uralitas de las cubiertas del edificio.