El Estado garantizará la seguridad si la Ertzaintza decide hacer huelga
El Gobierno vasco recurre la petición judicial de información sobre el paro policial
La Delegación del Gobierno en Euskadi ha indicado a la juez de lo Contencioso Administrativo que analiza el derecho de huelga de los ertzainas que, si un paro en la Ertzaintza compromete "gravemente" la seguridad y con ello el "interés general del Estado", intervendrían las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Administración central recuerda a la juez que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Ertzaintza. Mientras la Delegación del Gobierno y la consejería de Trabajo han remitido los datos considerados "útiles" por la juez para analizar la incidencia de una huelga en la policía vasca, Interior ha recurrido la orden judicial para evitar enviarlos, argumentando su irrelevancia.
Lo que comenzó en un juzgado bilbaíno como una discusión judicial sobre el derecho de los policías vascos a ir a la huelga -reconocido constitucionalmente, pero expresamente prohibido a los policías por la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986- ha terminado con una solicitud de datos policiales muy precisos por parte de la juez a la Delegación del Gobierno y a las consejerías de Trabajo e Interior. Mientras Interior ha recurrido el auto para evitar contestar, la Delegación ha advertido que, según el Estatuto de Gernika, las FSE pueden intervenir en Euskadi si peligra gravemente el interés general del Estado. Y se han comprometido a remitir los datos, si la juez lo cree necesario.
La causa parte de la solicitud de una doble jornada de huelga realizada por el sindicato Erne ante Interior y Empleo para los días 13 y 30 de junio de 2004 por la falta de convenio en la Ertzaintza. Empleo no prohibió expresamente la convocatoria, sino que se escudó en que carecía de "competencias para establecer servicios esenciales a la comunidad". Erne recurrió en julio pasado la resolución invocando la protección de derechos fundamentales y la titular del Juzgado número 1 de lo Contencioso de Bilbao, Mirian Bris García, admitió a trámite el recurso en noviembre.
El giro en esta causa lo ha dado el abogado del sindicato policial, Ernesto Martínez de la Hidalga, al remitir en marzo una batería de preguntas en la que se pedía a Interior datos muy precisos sobre los agentes que estaban disponibles para trabajar los dos días de la convocatoria de paro en cada unidad y por turnos de trabajo. Cuántos de ellos desarrollaron su trabajo en la calle y cuántos en las oficinas.
'Ertzainas' en la calle
El letrado solicitó también el número de ertzainas que "ordinariamente desarrollan su trabajo en la calle y en dependencias policiales, así como cuál sería el número óptimo para que el mismo se pudiera realizar con las debidas garantías de seguridad y operatividad". La sexta pregunta dirigida a Interior inquiría por la posibilidad que tiene el Gobierno vasco para "recabar ayuda de otros cuerpos de seguridad en caso de ser necesario", en alusión a los policías, guardias civiles y agentes municipales vascos.
A la Delegación del Gobierno le pidió que indicara el número de miembros de las FSE y policía local que operaban en junio de 2004 en Euskadi, el porcentaje de policía por habitante en el Estado, sin incluir el País Vasco, y el existente en la comunidad autónoma, incluidos los efectivos de la Ertzaintza. Finalmente, se preguntaba por la posibilidad que la consejería de Interior tiene para "solicitar la ayuda de otros cuerpos para desarrollar las labores de seguridad que tiene encomendadas" el Gobierno vasco.
La juez, en un auto de 11 de marzo, admitió todas las pruebas al considerarlas "pertinentes" y útiles para "contribuir, razonablemente, al esclarecimiento de los hechos controvertidos"; es decir, el derecho a la huelga de los ertzainas y su incidencia en la seguridad. Y especificaba la obligación de remitir los datos, expedir las certificaciones y testimonios solicitados, "salvo los supuestos de secreto oficial", en cuyo caso debería dirigirse al tribunal exposición razonada de la negativa.
Interior ha preferido recurrir el auto, presumiblemente para ganar tiempo, dado que en el recurso no se acoge a ninguno de los supuestos de secretos oficiales y simplemente considera "irrelevante [los datos pedidos] en un asunto como el presente que es estrictamente jurídico", centrado en la limitación del derecho de huelga a los policías y su incidencia en el derecho de libertad sindical. No hay que acreditar hechos, sino "interpretar la norma aplicable", sostiene Interior.
Sin evaluar la incidencia
Trabajo remitió el 6 de abril un informe en el que, entre otras cosas, el director de Trabajo, Adolfo González Berruete, reconoce que no "ha realizado evaluación alguna sobre la incidencia de la solicitud de huelga sobre el colectivo de la Ertzaintza por no ser su competencia". Dos días más tarde, la Delegación del Gobierno contestó que el Estatuto en su artículo 17 prevé los casos en los que las FSE podrán intervenir en el mantenimiento del orden público: a requerimiento del Gobierno vasco y, por "propia iniciativa, cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente comprometido, siendo necesario la aprobación de la Junta de Seguridad". Y precisa aún más: "En el asunto planteado, como consecuencia de una huelga, la posible intervención de las FSE sólo procederá a requerimiento del Gobierno vasco o bien por propia iniciativa, si el interés general del Estado estuviese gravemente comprometido".
El 'precedente' del 14 de septiembre
La juez que instruye el recurso de Erne -iniciativa que buscaba una respuesta judicial ante la imposibilidad de que los policías puedan ejercitar un derecho como el de huelga- ha demostrado al admitir las pruebas documentales solicitadas por la central que piensa llevar el caso hasta el final. Por el momento, la Delegación del Gobierno ha dejado claro hasta dónde puede llegar -mandar a la Policía y a la Guardia Civil- si una huelga pone en grave riesgo la seguridad ciudadana. Una competencia, por cierto, exclusiva de la Ertzaintza y perfectamente aclarada en los acuerdos de delimitación de funciones pactados entre los gobiernos central y vasco en 1995. La Delegación ha mostrado su disposición a remitir al juzgado los datos pedidos por Erne si fuera necesario.
El Gobierno central, que desconocía esta causa hasta que le llegó la certificación directamente del juzgado, se puso en contacto con Interior para pedir explicaciones. Por el momento, la juez no tiene ni los datos solicitados a Interior, ni los pedidos a la Delegación del Gobierno, pero es más que probable que la estadística acabe en sus manos tras una petición posterior.
Tras más de 20 años de historia de Ertzaintza y, sobre todo, con la sintonía actual entre los responsables de Interior español y vasco, sería impensable un despliegue al por mayor de las FSE en Euskadi para asegurar la protección de bienes y personas. La última vez que la rumorología campó a sus anchas en relación con el fantasma del envío de las FSE fue en relación con la manifestación convocada por Batasuna, entonces suspendida por un auto del juez Baltasar Garzón, el 14 de septiembre de 2002. Balza eludió prohibir la marcha que Garzón consideró ilícita. El juez avisó al Ejecutivo vasco de que la marcha era ilegal. Y hubo quien aventó que se estuvo a punto de mandar a las FSE para impedir la marcha. Finalmente, la policía vasca cargó primero y pactó después el final con los líderes de HB.
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