Lotería, ideología y eficacia

Lograr una vivienda social es tan improbable como ganar la lotería. Parece una frivolidad, pero es tristemente cierto.

En un momento en que los precios están tan especulativamente disparados, la vivienda social, aquella cuyo precio es accesible para las familias marginadas del mercado libre, es un bien muy escaso; de ahí tanto debate.

Pero el debate actual, tantas veces manipulador e interesado, no está en si el Gobierno central va a incluir en su Plan los APTM (acrónimo de apartamentos) de 30 metros cuadrados. Esa cuestión, a pesar de su resonancia mediática, es secundaria.

La discusión debería centrarse no en el qué, sino en el cómo.

Los sucesivos gobiernos han ido instrumentando políticas más o menos acertadas, emanadas de la normativa ¡de 1978!, pero siempre dependientes de la ideología gobernante más que de su eficacia. Y es que la política de vivienda social es una cuestión claramente ideológica: no es casual que nos encontremos inmersos en una crisis justo después de dos legislaturas de la derecha, en las que se ha considerado que la vivienda no era un problema porque los españoles "la podían pagar" ¿Recuerdan la frase?

Los objetivos y medidas del Gobierno central en su llamado Plan de Choque de la Vivienda son correctos

En su difícil carrera de obstáculos, el aspirante a una vivienda social, una vez reunidos todos los requisitos personales exigidos, necesita un Gobierno autonómico y municipal que esté por la labor y con voluntad y capacidad para desarrollar una política ajustada a las necesidades de su territorio. Si, por ejemplo, vive en Cataluña, estos factores se dan. Pero en las grandes ciudades tendrá otras dificultades por la carencia objetiva de suelo. Por cada vivienda social habrá cien solicitantes, por lo menos.

Si vive en Baleares lo va a tener muy difícil, por no decir imposible.

Al Govern de les Illes Balears la vivienda social parece que le "molesta" y, en consecuencia, promociona lo mínimo. Sé de qué estoy hablando: durante los cuatro años en que gobernó el Pacte de Progrés, se hicieron más viviendas sociales que en los dieciséis que gobernó el PP y homólogos. Ahora que vuelve a gobernar la derecha han paralizado gran parte de las promociones que estaban en marcha, incluso la rehabilitación de barrios degradados. ¡Vaya sensibilidad social! La demanda registrada desde el Instituto Balear de la Vivienda en la ciudad de Palma es de 10 por 1, pero la real es muy superior.

Baleares es una de las pocas autonomías que no tiene Ley del Suelo propia, con lo cual los sistemas de gestión son decimonónicos. Para agravarlo más hay ayuntamientos que ni siquiera tienen normas urbanísticas actualizadas. No hay control, pero, eso sí, el Plan Territorial de Mallorca considera vivienda mínima la de 60 metros cuadrados.

Una vivienda no se improvisa. Políticas cambiantes cada cuatro años no hacen sino enredar aún más el asunto. Entre la obtención del suelo y la entrega de la vivienda construida pasarán años, tres como mínimo. Si además, dada la carencia de suelo urbano, hay que gestionarlo, el proceso se puede complicar ad infinitum según la normativa vigente y la eficacia de la Administración correspondiente (sea autonómica, local o ambas. ¡Dios nos coja confesados!).

Los objetivos y medidas del actual Gobierno central en su llamado Plan de Choque de la Vivienda son correctos y es admisible que, para darles realce, se haya resucitado el discutido Ministerio de la Vivienda (que sea la última resurección). Todo ayuda. Sobre todo la insoslayable generación o cesión de suelo por parte de quien puede aportarlo: instituciones y gobiernos (central, autonómico o local).

Pero hace ya veinte años que hablamos de estos mismos objetivos y, de hecho, el Gobierno central no tiene ya más competencia en esta materia que la financiación del llamado Plan de Vivienda, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda y de los Presupuestos aprobados. O establecer el marco de armonización de las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, bienvenida sea esta acción política real, tan interesadamente criticada por algunos: Ladran, Sancho, señal que cabalgamos.

¿Y el alquiler? El fracaso de las experiencias de oferta pública de alquiler se ha debido al centralismo y a la deficiencia en la gestión (heredados del franquismo, lo que no es excusa 30 años después), que han consolidado una cultura de permanencia vitalicia en el mismo hogar que no se ha conseguido superar. De ahí el rechazo a los 30 metros cuadrados. Es una superficie suficiente para una persona, siempre que respete los mínimos de habitabilidad, pero ¿va a vivir realmente una sola persona?, ¿por cuánto tiempo?, ¿quién lo garantiza? Si el contrato es por cinco años (obligado por la Ley de Arrendamientos Urbanos), es improbable que una persona (joven o no) viva ese tiempo sola.

El plan vigente permite viviendas de 40 y 50 metros cuadrados, buen producto para alquiler. Pero para asegurar que su ocupación sea rotatoria y adecuada a su tamaño se requiere una gestión rigurosa y ejecutiva que evite condiciones inhumanas como el hacinamiento de colectivos en situación precaria. Estimular el alquiler de viviendas privadas gestionado desde la Administración para dar a los propietarios las garantías que no da la LAU, no basta. ¿No sería más operativo modificar la ley?

Dado que la iniciativa privada no quiere, no puede o no sabe cubrir la demanda, la iniciativa pública está obligada a promover el mayor número posible de viviendas sociales. Pero aun siendo lo esencial, una vez conseguido el parque adecuado a las necesidades, no queda garantizado el éxito de la empresa. Requiere una gestión presidida por la eficacia y no, como suele suceder hasta en las mejores familias, por criterios politiqueros, clientelistas o benéfico-asistenciales. Pero eso ya es harina de otro costal.

Teresa García Alba ha sido directora general de Regesa, Empresa Pública de Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona y directora general del Instituto de la Vivienda de las Illes Balears.