La revuelta de los 'forajidos'

Puede decirse que esta última y violenta crisis en Ecuador arranca el 21 de enero de 2000. Ese día, el ahora destituido presidente Lucio Gutiérrez, entonces coronel del Ejército, encabeza un golpe de Estado que culmina con el derrocamiento del Gobierno constitucional de Jamil Mahuad. Junto a otros oficiales de rango medio, Gutiérrez se apoderó del Congreso y proclamó un efímero triunvirato, conformado por un indígena, un político civil y él mismo. Este gobierno no fue reconocido por el Congreso ecuatoriano, que designó como sucesor de Mahuad al entonces vicepresidente Gustavo Noboa. Por su acción subversiva, Gutiérrez fue expulsado del Ejército y encarcelado con los demás rebeldes. Gutiérrez logró más tarde ser amnistiado y fundó un partido político, al que bautizó Sociedad Patriótica.

Desde azoteas cercanas al palacio presidencial se disparó contra los manifestantes

Gutiérrez dijo: "Soy un 'dictócrata', dictador para los oligarcas y demócrata para los pobres"

A pesar de que la ley ecuatoriana prohíbe que un ex golpista sea candidato a la presidencia, Gutiérrez consiguió en las elecciones de 2002, convocadas por Noboa, unirse con el movimiento indigenista y con el partido populista del ex presidente Abdalá Bucaram, ahora nuevamente prófugo por delitos de corrupción. Lucio Gutiérrez logró, tras una segunda vuelta electoral, triunfar sobre su opositor, el magnate de la industria bananera, Álvaro Noboa. Una vez en el poder, rompió con sus aliados, destituyó a su ministra de Exteriores, la indígena Nina Paccari, y se vinculó con quienes decía eran sus enemigos. Entre ellos, el ex presidente León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, la agrupación de mayor fuerza y presencia en el país. Al poco tiempo, también se deshizo de ellos para unirse a su ex rival electoral, Álvaro Noboa.

La alianza que Gutiérrez forjó con Álvaro Noboa y los partidarios de Bucaram fue el origen del malestar social que más tarde se transformaría en todo un movimiento capaz de forzar su destitución. Con el apoyo de estos dos "socios", Gutiérrez intervino arbitrariamente en los otros poderes del Estado, en especial el Judicial. El ex presidente no dudó en poner gente afín en el más alto organismo electoral (Tribunal Supremo Electoral), en el tribunal de control de la constitucionalidad en Ecuador (Tribunal de Garantías Constitucionales) y en el más alto organismo de control jurídico de la nación, la Corte Suprema de Justicia.

Esta injerencia en el Poder Judicial, fue el principio del fin de Gutiérrez. El ex presidente fue acusado de violar la Constitución y ejercer dictatorialmente el poder. En su defensa, Gutiérrez declaro enfáticamente: "Yo soy un dictócrata, porque soy dictador para los 'pelucones' [oligarcas] y soy demócrata para los pobres". Al mismo tiempo, los organismos públicos empezaron a aumentar injustificadamente sus gastos. El Ministerio de Bienestar Social, en especial, incrementó significativamente el presupuesto para orfanatos, maternidades, etcétera, mientras dejaba de pagar los salarios a profesores, médicos y jubilados. Las medidas, interpretadas como populistas por muchos ecuatorianos, provocaron varias huelgas, como la de los médicos, que duró más de dos meses. Los funcionarios y los empleados del Poder Judicial también realizaron un paro de casi 60 días a raíz de la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Ambas huelgas provocaron un fuerte malestar social. Comenzaron las marchas pacíficas, a las que Gutiérrez hizo oídos sordos.

Las manifestaciones, en especial las de Quito, comenzaron a ser cada vez más frecuentes y más exigentes con el Gobierno. La violencia no tardó en apoderarse de la situación. Gutiérrez ordenó la represión de las marchas con gases lacrimógenos y balas de goma. Calificó al pueblo quiteño de forajidos, y el final se precipitó. El apodo de Gutiérrez fue adoptado por los manifestantes y entonces, los forajidos, se crecieron en la revuelta.

El jefe de la Policía dimitió y tras él, como fichas de dominó, se sucedieron otras imparables. En esos momentos críticos, surgió una vena autoritaria. Renán Borbua, secretario general de Sociedad Patriótica, anunció que invadiría Quito con 5.000 costeños (gente de la costa, de Guayaquil) para luchar por su primo, Lucio Gutiérrez. Dicho y hecho, el miércoles pasado por la mañana, empezaron a llegar a la capital autobuses con partidarios del Gobierno. Pero entre ellos la gente de Quito también identificó a presuntos maleantes y delincuentes que se enfrentaron a los manifestantes contrarios a Gutiérrez con una violencia inusitada. Desde entonces, el subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, por su parte, fletó vehículos para traer más acólitos del Gobierno desde la región amazónica.

Desde azoteas cercanas al palacio presidencial hubo disparos contra los manifestantes. Algunos de esos tiradores fueron más tarde reducidos por la propia población quiteña y entregados a las fuerzas de seguridad. El ex subsecretario González se encuentra prófugo. El edificio de la sede de Bienestar Social fue incendiado y saqueado por los manifestantes.

Mientras la violencia se incrementaba, un "Congreso paralelo", con la mayoría de los diputados de la Cámara Baja, se reunió en sesión extraordinaria en un edificio público, al norte de la ciudad, controlado por la policía. En dicha sesión se presentó y se aprobó la moción para destituir al presidente Gutiérrez, acusándolo de "abandono del cargo de presidente constitucional", al haberse convertido en "dictador". En el mismo acto se designó como sucesor a su vicepresidente, Alfredo Palacio, un médico sin afiliación política con el que Gutiérrez nunca había llegado a tener una buena relación. Lo primero que hizo Palacio fue nombrar su nuevo gabinete con gente de gran aceptación popular y cambiar la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ahora sólo le resta esperar a que la comunidad internacional lo reconozca como nuevo presidente de Ecuador.