El negocio del colegio

No es fácil utilizar un lenguaje cortés para responder al director del proyectado Colegio Newman. Y no lo es porque, en nuestra opinión, sólo el término desfachatez sirve para definir las afirmaciones que hace en su carta del 14 de abril cuando explica que el cobro entre 5.000 y 9.000 euros a los padres que acuden a apuntar a sus hijos a este colegio es sólo una "solicitud de aportaciones voluntarias" a padres interesados en apoyar su iniciativa educativa, y no una aportación económica para garantizar la admisión de los alumnos.

Sólo este dato debería bastar para medir la catadura del proyecto que defiende el señor Juan Ramón de la Serna. No se están pidiendo aportaciones voluntarias, porque cuando son voluntarias, a las aportaciones no se les pone nombre y apellidos en forma de ceros en el cheque. A la gente se le está pidiendo una cantidad que, con toda probabilidad, está sirviendo para financiar la construcción del edificio, y desde luego, han de tener una contrapartida a cambio, ¿o es que el padre que sufrague los costes de construcción va a llevar a su hijo a otro colegio?

Por eso, es difícil utilizar un lenguaje cortés. Porque se falta de nuevo a la verdad al decir que los criterios de admisión serán los establecidos por la legislación, y no los propios de quien quiere montar un negocio muy lucrativo a base de captar al alumnado de más alto poder adquisitivo de Las Rosas, marginando al resto, cuyos padres no sean capaces de pagar por la educación de sus hijos -que en el distrito de San Blas siguen siendo la inmensa mayoría-.

Aunque, si cabe, la mayor burla que se produce en la carta de este señor es cuando nos dice que la Fundación Internacional de Educación -detrás de la que está la organización fundamentalista Comunión y Liberación- "en ningún momento ha recibido un solo céntimo del Ayuntamiento, ni de la Comunidad de Madrid".

El anterior alcalde en Madrid, Álvarez del Manzano, debería llamarle desagradecido por olvidar que fue el Ayuntamiento, con los votos del PP y la oposición del PSOE e IU, el que el 20 de febrero de 2002 cedió gratuitamente el usufructo por 75 años de un terreno que en aquel momento Gerencia de Urbanismo valoraba en 12 millones de euros. Cesión basada en el amiguismo, ya que no hubo concurso público alguno, aunque sí la intercesión del obispado de Madrid por indicación del cardenal Rouco Varela, en sendas cartas filtradas a la opinión pública desde los despachos de Gerencia.

El segundo favor económico que no quiere reconocer el señor J. R. de la Serna es la promesa de concierto hecha por el anterior consejero de Educación en la Asamblea de Madrid, Mayor Oreja, cuando aseguró, dos meses más tarde, que ese colegio se concertaría. Cuando de todo empresario de la enseñanza es sabido que previo a saber si un centro puede ser concertado hay que confirmar si responde a las exigencias y requisitos establecidos por la ley.

Así pues, ha sido mucho más que un céntimo lo que el señor De la Serna y su fundación han recibido del Ayuntamiento, la Comunidad y la divina providencia: un terreno millonario que no ha debido comprar, como hace el resto de empresarios, en una zona joven de alto crecimiento; la palabra de la consejería de que le financiarán los costes de profesorado y gastos de funcionamiento -a través del prometido concierto-, y, para finalizar, la buena voluntad de unos padres que "voluntariamente" están financiando el edificio del colegio. ¿Se puede pedir más? Sólo recordar que el dinero público debe servir para financiar una enseñanza de calidad para todos y todas, sin discriminaciones. Y que si alguien quiere formar élites a partir de particulares idearios, o hacer negocio con ello, que lo pague de su bolsillo.