Transparencia

La firma de acuerdos entre la Administración autonómica y las empresas para promover el empleo de colectivos de trabajadores en riesgo de exclusión social es, en principio, muy útil, pero exige mayor transparencia, esto es que se conozca suficientemente a lo que se obligan cada una de las partes firmantes.

A través de tales acuerdos se están utilizando recursos públicos para intervenir en las relaciones laborales y el mercado de trabajo madrileño, y supuestamente otorgando ventajas competitivas a determinados empleos y empleadores, que deberían estar suficientemente justificadas frente al resto de trabajadores y empresarios.

El último ejemplo de opacidad y despropósito al respecto sería el acuerdo firmado a por un grupo y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, para contratar en hostelería a 100 trabajadores inmigrantes, que además sean usuarios de los Servicios Sociales, y especialmente si se trata de mujeres maltratadas.

La discriminación principal, la más urgente, es la de ser mujer maltratada; después habría que considerar las necesidades individuales de integración laboral y social de cada trabajador, y nunca utilizar el origen geográfico, étnico, cultural o religioso de una persona como determinante para su entrada y permanencia en el mercado de trabajo.

Tal como lo han publicitado, el Acuerdo pretende todo lo contrario: atiende sólo a trabajadores extranjeros, aquellos que previamente seleccionen los Centros de Atención Social a Inmigrantes, que son servicios sociales especializados financiados con fondos públicos, pero gestionados por entidades privadas.

En este y otros casos similares se están empleando demasiados recursos públicos para identificar a trabajadores frágiles y ponerlos a disposición de empleadores que siempre intentaran conseguir, muy legítimamente, el mayor beneficio empresarial posible cuando utilizan cualquier fuerza de trabajo.