El macrojuicio en España por los atentados contra las Torres Gemelas se inicia el viernes

El macrojuicio contra los presuntos integrantes de la célula española de Al Qaeda y su supuesta intervención en los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, se inicia este viernes en la Audiencia Nacional, que ha habilitado como sala de vistas un pabellón en la Casa de Campo de Madrid dotado de extraordinarias medidas de seguridad. Sólo 24 de los 41 procesados por Garzón por sus vinculaciones con la organización terrorista se sentarán en el banquillo. Los restantes están huidos, dos de ellos con fuertes implicaciones en los atentados del 11-M en Madrid.

El fiscal Pedro Rubira solicita para el presunto jefe del grupo, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, penas que suman 62.512 años de prisión por entender que él y otros dos miembros de su grupo -Driss Chebli y Ghasoub al Abrash Ghalyoun, Abu Musab- dieron cobertura en España a los miembros del comando que realizó los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, de Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

El fiscal ha realizado su cálculo sobre la base de que hubo 2.500 fallecidos en esos atentados y de que cada asesinato terrorista se castiga con 25 años de prisión. Sin embargo, la cifra oficial de víctimas mortales ascendió a 2.973, por lo que la petición de pena deberá elevarse hasta los 74.000 años de prisión. No obstante, y en caso de ser condenados, sólo cumplirían 30 años, el máximo previsto en la legislación española en el momento de los hechos.

Los 21 acusados restantes se enfrentan a peticiones entre los 9 y los 27 años, en su mayoría por delito de pertenencia a banda terrorista, pero también hay tenencia ilícita de armas, depósito de explosivos, estafa o colaboración con banda armada (ver gráfico adjunto).

Entre los procesados a los que no se juzgará porque están en paradero desconocido figuran el jefe máximo de Al Qaeda, Osama Bin Laden, y dos de sus dirigentes presuntamente implicados en los atentados del 11-M en Madrid y por los que están siendo buscados. Se trata de Amer el Azizi, Othman al Andalusi, y Said Berraj, Said el Mensajero. Al primero se le considera inductor de la matanza. El segundo huyó tras los atentados.

Relación con el 11-M

Además, varios de los acusados que sí serán juzgados tienen relaciones con algunos de los imputados por el 11-M. Es el caso de Abu Dahdah, conocido y amigo de los principales implicados en los atentados de los trenes de la muerte. O el de Driss Chebli, amigo de Amer el Azizi y cuñado de Mohamed El Hadi Chedadi, que formaba parte del grupo de radicales islamistas -algunos de ellos, autores materiales de la matanza- que se reunía en casa de Faisal Allouch, donde se exaltaba la yihad. O también el de Mohamed Needl Acaid, que fue muyahid (luchador) en Bosnia y propietario de la casa de Chinchón donde se ensamblaron las mochilas bomba del 11-M. Su mujer alquiló la finca a Jamal Ahmidan, El Chino, a través de Serhane el Tunecino, dos de los suicidas de Leganés.

El juicio, que está previsto que se inicie el día 22 de abril, tendrá una duración aproximada de tres meses y medio o cuatro. Se trata de un juicio trascendental por muchas razones. Es el primero que se celebra en España contra presuntos terroristas islamistas después de los atentados del 11-M. Por tanto, la sentencia que se dicte -sea condenatoria o absolutoria- marcará la línea sobre los requisitos para condenar por terrorismo islamista y será un precedente importante para el juicio por el 11-M.

El tribunal deberá valorar si el requisito de subvertir el orden constitucional, aplicable a bandas terroristas, como ETA, es exigible al terrorismo islamista o si lo define por los fines de destrucción indiscriminada que persigue para ajustarlo al tipo penal. En todo caso, el fiscal se encontrará con dificultades adicionales importantes a la difícil tarea de probar los hechos. Y ello porque a diferencia de ETA, el terrorismo islamista no responde a un modelo fuertemente jerarquizado, sino que la cabeza de la organización marca unas líneas de actuación y luego la célula mejor situada o con mejores posibilidades la ejecuta.

Las escuchas telefónicas también ofrecen problemas añadidos. Los activistas hablan generalmente en árabe, pero con los giros y construcciones gramaticales de países muy diferentes, como Marruecos, Afganistán, Siria, Indonesia, Irak, Egipto, Túnez, Argelia, Yemen o Arabia Saudí. Además, utilizan claves para despistar a la policía. Uno de los acusados, el sirio Abdullah Khayata Kattan, ya explicó que cuando los miembros del grupo hablaban de "comerciantes", se estaban refiriendo en realidad a muyahidin combatientes; cuando mencionaban "el comercio", querían decir en realidad la lucha; cuando hablaban de "el camino para la fábrica", aludían de hecho al camino para ir a Chechenia o a Afganistán a luchar y cuando mencionaban "cuaderno", querían decir "pasaporte", entre otras. En este caso hay conversaciones que hablan de "degollar el pájaro", lo que es interpretado como un indicio preliminar de los atentados del 11-S. Los magistrados deberán determinar si en el sumario, que tiene más de 100.000 folios repartidos en 300 tomos, existen pruebas suficientes como para condenar por esos atentados.