La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

El desarrollo de las políticas fiscales en el área del euro está siendo problemático en los últimos años. Aunque algunos países europeos han logrado mantener situaciones presupuestarias saneadas, en otros la situación de las finanzas públicas se ha deteriorado. Se ha incurrido en déficit excesivos y los procedimientos previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con el fin de prevenir y corregir dichos déficit no siempre se han observado adecuadamente.

Esta falta de cumplimiento estricto ha puesto en cuestión la necesidad y la eficacia de las reglas fiscales de la Unión Económica y Monetaria, lo que ha dado origen a un intenso debate en el que han participado el mundo académico, el público informado y los responsables de política económica.

En este contexto, el Consejo Europeo decidió el 23 de marzo pasado aprobar algunos cambios en el PEC. Los cambios afectan tanto a la parte preventiva como a la correctiva del Pacto. En el primer caso, se adaptan a las condiciones nacionales los objetivos presupuestarios de medio plazo, que sirven para garantizar un margen de seguridad con el que evitar que el déficit público alcance el límite del 3% del PIB. Asimismo, se condicionan el ritmo y el grado de ajuste hacia dicho objetivo de medio plazo a la evolución cíclica de la economía, y se permiten desviaciones en el caso de introducir reformas estructurales. En cuanto a la parte correctiva, los cambios tienden a flexibilizar las condiciones que permiten calificar un déficit por encima del 3% como no excesivo, así como los plazos de corrección de dichos déficit.

Aunque algunas de estas modificaciones pueden reforzar la racionalidad económica del PEC, las nuevas reglas son ahora, sin duda, más complejas y más susceptibles de interpretación. Es éste un resultado derivado del deseo político de adaptar estas reglas a las condiciones nacionales, lo que no facilitará el control público, la igualdad de trato en su aplicación y la valoración institucional de su cumplimiento. En el caso de la Unión Monetaria Europea, la necesidad de simplicidad y transparencia de las reglas tiene la máxima importancia, pues sin ellas el público y los mercados no pueden valorar en qué medida los jueces -miembros del Consejo Ecofin- son estrictos al controlarse a sí mismos en aplicación de las normas del Pacto.

Por otra parte, la reforma incide de manera poco significativa sobre uno de los elementos que se ha demostrado más débil en el pasado: las estructuras de gobierno y de responsabilidades y los mecanismos de incentivos al cumplimiento. Los avances que se puedan registrar en asuntos como la adaptación de las legislaciones nacionales o las mejoras de las estadísticas presupuestarias serán el mejor indicador de la fortaleza del nuevo compromiso.

Con la mirada puesta en el futuro, debe evitarse que la modificación de las medidas correctoras del Pacto socave la confianza en el marco presupuestario de la Unión Europea y en la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros de la zona del euro. Es, por ello, indispensable que los Estados miembros, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea apliquen el marco revisado de una forma rigurosa y coherente que propicie políticas fiscales prudentes, como única vía para restaurar la credibilidad. En las actuales circunstancias, resulta especialmente importante que todas las partes afectadas asuman sus respectivas responsabilidades. En este sentido, dado que las inadecuadas estrategias de consolidación fueron, en el pasado, la causa de las dificultades para el cumplimiento del Pacto, es ahora esencial que los programas de consolidación sean ambiciosos y se ejecuten estrictamente.

Es el momento también de recordar los fundamentos económicos de la disciplina fiscal. Unas finanzas públicas saneadas y sostenibles son un requisito previo para la estabilidad macroeconómica y, por tanto, para un crecimiento económico sostenido. La disciplina fiscal, conjuntamente con una política monetaria orientada a la estabilidad de precios, permite a los agentes económicos mantener expectativas de inflación baja y disfrutar de condiciones de financiación favorables que, a su vez, facilitan la planificación de los agentes y fomentan la inversión a largo plazo. En el caso de una unión monetaria como la europea, las normas fiscales dirigidas a garantizar la estabilidad presupuestaria son, además, esenciales no sólo como una vía de contención de los sesgos deficitarios de las políticas fiscales nacionales, sino también como un instrumento de protección contra las externalidades fiscales entre países y los incentivos al endeudamiento excesivo.

Los beneficios de la moneda única han sido muchos. Entre ellos se encuentran la mayor adaptabilidad de nuestras economías a los shocks externos, unos costes financieros históricamente reducidos y unos diferenciales de tipos de interés a largo plazo muy bajos. No debemos ceder a la tentación de dar por supuestos estos beneficios. Hay que conquistarlos día a día. Y este empeño pasa por restablecer la confianza en unas políticas fiscales rigurosas y prudentes, en la seguridad de que la política monetaria mantendrá, como ha hecho hasta ahora, su firme compromiso con la estabilidad de precios.

José Manuel González-Páramo es miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE.