La auditoría de la Generalitat no detecta irregularidades económicas en el turno de oficio de los abogados

La auditoría encargada por el Departamento de Justicia para aclarar la utilización de más de un millón de euros en la gestión del turno de oficio del Colegio de Abogados de Barcelona durante el año 2003 no ha detectado ninguna irregularidad. "Los importes concedidos en concepto de subvención para la prestación de los servicios de gestión colegial se han destinado de acuerdo con la normativa vigente", asegura la auditoría que ha realizado la empresa Deloitte.

De esa manera se disipan las sospechas sobre mala gestión que había insinuado Justicia y que le llevó a encargar la auditoría de las cuentas del colegio, algo que nunca antes había ocurrido. "El resultado es el que esperábamos. Más que unos auditores, vino una brigada que durante más de un mes estuvo mirando toda la contabilidad hasta el más mínimo detalle", explica el decano de los abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas. En su opinión, la auditoría era innecesaria porque es el propio colegio el que se audita cada año a sí mismo, "pero si de esta manera se ha despejado cualquier duda, pues mejor para todos".

La auditoría se centró en el uso de una partida de 611.464 euros concedida en 2003 para afrontar los gastos de personal e infraestructura que necesita el turno de oficio y, por otro, una segunda partida de 470.832 euros empleados en el Servicio de Orientación Jurídica, en el que trabajan 39 personas para informar a los ciudadanos sobre si tienen o no derecho a un abogado de oficio. Al margen queda el dinero que cobran los abogados por su trabajo y que paga la Generalitat en aplicación de unos módulos y un sistema que actualmente está renegociando con los colegios de abogados de toda Cataluña.

Pese a todo, la auditoría constata que no se ha podido "verificar que ciertos gastos indirectos puedan ser beneficiarios de la subvención" ni garantizar que no se han producido duplicados derivados del sistema de distribución de gastos porque el colegio y la Generalitat no han pactado ni los conceptos ni los criterios. Por eso, los auditores instan a acabar con esa situación.