La Generalitat crea oficinas para resolver las denuncias inmobiliarias

La Agencia Catalana del Consumo (ACC) y la Dirección General de Vivienda firmaron ayer un convenio por el cual se crearán varios colegios arbitrales en toda Cataluña que resolverán denuncias y reclamaciones de los ciudadanos contra empresas inmobiliarias. El director de la ACC, Enric Aloy, explicó que los colegios emitirán un laudo, que tendrá "la fuerza de una sentencia" y que será de obligado cumplimiento. Las denuncias contra las constructoras y contra las empresas de telefonía son las más frecuentes entre los consumidores.

El Departamento de Comercio, Turismo y Consumo, que encabeza Josep Huguet, expedientó el año paso a 57 empresas constructoras por irregularidades en la venta de pisos nuevos, el 38,6% más que en 2003. De estos expedientes, 15 se resolvieron con sanciones que sumaron 27.900 euros, y el resto se le impusieron multas de hasta 300.000 euros. Las sanciones se debieron sobre todo a irregularidades en la documentación que las empresas han de entregar a los consumidores, a que la calidad final de la vivienda era muy inferior a la acordada y a la aplicación de cláusulas abusivas.

La creciente llegada de quejas contra inmobiliarias motivó que la ACC requiriera la colaboración del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Los colegios arbitrales estarán formados por un jurista de Vivienda, un representante del sector y otro de los consumidores. Se resolverán reclamaciones a través de la mediación si la empresa denunciada esté suscrita a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat. De momento, sólo están adheridas 69 empresas de venta y alquiler de pisos (entre las que no hay ninguna de las grandes firmas) y 71 de reformas, reparaciones y decoración.

En el caso de que la mediación no dé resultados, se constituirá un colegio arbitral y se fijará una vista, tras la cual se dictará un laudo. "Si se incumple, se podrá pedir su ejecución judicial", explicó Aloy. La directora general de Vivienda, Carme Trilla, explicó que el convenio prevé la constitución de estos colegios en todo el territorio. Vivienda propondrá licenciados que trabajen para la Administración para que actúen como presidentes de los colegios y facilitará arquitectos y aparejadores adscritos a su consejería para la elaboración de informes técnicos.

Aloy recomendó a quienes vayan a comprar o alquilar un piso que se informen de si la empresa está adherida al arbitraje, puesto que permite resolver conflictos de forma mucho más rápida.