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La presidenta del Tribunal Superior pide que "no se politice" el Consejo de la Justicia

La ponencia del Parlament recibe a la conservadora Eugènia Alegret a petición propia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret, alertó ayer de la posible "politización" de un futuro Consejo de la Justicia de Cataluña que siga el modelo del Consejo General del Poder Judicial, aceptado en los últimos años por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece Alegret. La diferencia entre ambos organismos es que la correlación parlamentaria en Cataluña, catalanista y de izquierdas, se traduciría en una composición diferente a la del órgano de gobierno de los jueces en el resto de España.

La APM siempre ha defendido que los jueces elijan a sus representantes, al igual que ha hecho históricamente el PP, hasta que en 2002 pactó con el PSOE el actual modelo de elección del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) por parte de las cámaras legislativas: 12 jueces de carrera de entre un abanico de 36 que proponen las asociaciones judiciales y 8 juristas de reconocido prestigio.

Desde entonces hasta ahora la APM no había cuestionado ese modelo y le ha permitido nombrar a jueces de la misma onda para los cargos importantes haciendo uso de su mayoría de 11 vocales sobre 20. La misma Alegret, sin ir más lejos, fue nombrada hace nueve meses gracias a esa mayoría que había actuado como apisonadora, hasta que el Gobierno del PSOE puso límites y exigió una mayoría de 13 votos para ciertos nombramientos.

Ahora las palabras de Alegret parecen ser la avanzadilla de lo que se avecina como un enroque de la APM a los planteamientos corporativos que siempre ha defendido. Y es que si alguna cosa saca de sus casillas a los sectores conservadores de la judicatura, ampliamente mayoritarios en el conjunto de España y también en Cataluña, aunque en menor medida, es que se miente la bicha de otorgar más competencias a la Generalitat y a sus instituciones para avanzar en la descentralización del poder judicial. El Consejo de la Justicia que prevé la ponencia no es más que una concreción de ese planteamiento, recogido hace años en el Libro Blanco de la Justicia que elaboró el anterior CGPJ y que el PP guardó en un cajón al llegar al poder. Si es el Parlament el que elige a sus integrantes, serán jueces de talante progresista y catalanistas.

En este contexto se enmarcaron ayer las declaraciones de Alegret a la salida del Parlament, donde acudió a petición propia para reunirse con los miembros de la ponencia que ha redactado el Estatut y explicarles sus posiciones en torno al poder judicial. Esta petición ya había causado preocupación en casi todos los grupos parlamentarios, y ésta se ratificó después al escuchar los planteamientos de la presidenta del TSJC.

Para argumentar sus afirmaciones, Alegret manifestó que su opinión coincidía con la de la Sala de Gobierno del TSJC, en el sentido de que el modelo actual del CGPJ "no ha funcionado bien". Lo que obvió Alegret es que la APM copó las siete plazas electas de ese organismo con el 49% de los votos y que Jueces para la Democracia, con el 35%, se quedó sin un solo representante. Son las cosas de la ley vigente.

"Xenófobo y excluyente"

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado un recurso de Jueces para la Democracia contra el acuerdo por el que no se reconocía como un mérito el conocimiento de catalán en la provisión de plazas para la jurisdicción mercantil, creada a finales de 2003.

Contra ese acuerdo, el vocal Alfons López Tena, nombrado a propuesta de CiU, ha formulado un voto particular en el que califica al órgano de gobierno de los jueces de "leguleyo, xenófobo y excluyente" y considera que es una "añagaza inconstitucional e ilegal', propia de la institución en que ha degenerado el Poder Judicial.

La exclusión del catalán como mérito para proveer esas plazas, en contra de lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue una cláusula a medida para que accedieran a ellas los magistrados José Luis Concepción e Ignacio Sancho, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la que manda en el CGPJ.

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