Los argentinos no se dejan espiar

El avance tecnológico pone cada vez más cerca el nacimiento del Gran Hermano de Orwell, pero éste, por el momento, no será argentino. La posibilidad de que las autoridades espiaran todas las comunicaciones de cualquier ciudadano realizadas a través del ordenador ha generado tal reacción de protesta en Argentina que el presidente del país, Néstor Kirchner, suspendió ayer el decreto que lo autorizaba y que debía entrar en vigor el próximo mes de julio. La medida generó fuertes protestas incluso del propio Partido Justicialista. Destacados juristas pusieron en duda la constitucionalidad del texto, que será revisado.

El polémico decreto permitía a la fiscalía pedir a la policía cualquier tipo de comunicación realizada a través del ordenador -chats, e-mails, páginas visitadas, archivos de audio y vídeo-. Además, obligaba a que las empresas proveedoras de estos servicios almacenaran durante 10 años todos los registros de sus clientes. El decreto fue firmado por Kirchner el 9 de noviembre de 2004, modificando una ley del Senado argentino de diciembre de 2003 y cuya existencia no era conocida hasta que esta semana el diario Página 12 habló sobre ella, originando el escándalo.

La norma obligaba a los proveedores de Internet a guardar 10 años todos los registros de sus clientes

La ley se aprobó en el marco de una serie de medidas contra la inseguridad elaboradas tras la conmoción vivida en el país por el secuestro y asesinato del hijo del empresario Juan Carlos Blumberg, ocurrido en marzo de 2003. El joven fue secuestrado por delincuentes, quienes, tras intentar cobrar un rescate, lo asesinaron de un tiro en la cabeza. Miles de personas se echaron a las calles exigiendo al Gobierno medidas contra el crimen. El texto, que también afecta a las comunicaciones por teléfono móvil, recogía las quejas de algunos magistrados ante la falta de celeridad, o la poca colaboración, de las empresas proveedoras de estos servicios para facilitar el acceso a sus archivos en casos de secuestros express.

Sin embargo, el resultado ha levantado ampollas. "Es una violación del derecho a la intimidad", subrayó el constitucionalista Daniel Sabsay, quien asegura que el decreto permite un allanamiento sin que exista una orden judicial que lo justifique. "Han tenido todo un año para analizar la ley, pero lo que han hecho ha sido volver la norma más regresiva", añadió.

Kirchner; su jefe de gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, tienen desde el lunes una denuncia ante un tribunal federal (presentada por un abogado) por violación de secretos, violación de correspondencia, revelación y divulgación de secretos, intervenciones de documentos y abuso de autoridad. Y eso que todavía la ley no se había puesto en marcha. En la denuncia, y no es un detalle menor, se añade que el control de las comunicaciones queda a cargo de un organismo dependiente de los servicios de inteligencia, "sin que intervenga autoridad judicial alguna".

"Estoy absolutamente en contra, porque con leyes como ésta se pasa a vivir en libertad condicional", subrayó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Ante la presión desde todos los ámbitos, Kirchner, de visita oficial en Alemania, decidió dar marcha atrás. Ahora será el Congreso el que decidirá si aparca definitivamente la ley o la reforma.

Pero, principios democráticos aparte, el decreto también plantea problemas técnicos que asombran a los expertos, ya que el almacenamiento durante 10 años de todos los datos requeridos exige unas inversiones en infraestructuras monumentales, y ni siquiera eso garantiza que se logre el cometido final.