El fiscal retira la acusación para cinco de los procesados de Jarrai

Cinco de los 33 presuntos dirigentes de las organizaciones juveniles del entorno de ETA, Jarrai, Haika y Segi, que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional desde el pasado 12 de febrero, quedaron ayer en libertad, después de que el fiscal Enrique Molina retirase la acusación contra ellos. Para los 28 restantes, Molina solicitó 10 años de prisión, por considerar que son autores de un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigente.

El fiscal Molina modificó ayer sus conclusiones provisionales y estimó que los indicios existentes en la causa contra Amaia Maestre, Maider Alonso, Unai Beaskoetxea, Sonia Jacinto y Jorge Urbiola no eran suficientes como para mantener una acusación sólida contra ellos, por lo que decidió retirarla. Hasta ese momento, el fiscal pedía para cada uno de ellos 10 años de cárcel por colaboración con banda armada.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Pedro Cerracín, que ejerce la acción popular, también retiró la acusación contra los cinco imputados. Por ello, al no haber ninguna parte que les acusara, el tribunal acordó, en la misma sala de vistas, dejarles en libertad, por lo que ya no tendrán que volver el próximo lunes, cuando se reanuda el juicio, con los informes del fiscal y los restantes letrados.

El fiscal también modificó sus conclusiones provisionales en otros dos aspectos. En el primero, sus peticiones de penas para los 33 acusados oscilaban entre los 10 y los 14 años, bien por colaboración, bien por integración en ETA. Ayer fijó la acusación para los 28 restantes en 10 años de prisión, pero por delito de integración en banda terrorista en grado de dirigentes.

El otro aspecto que el fiscal modificó es que retiró su petición inicial de que las responsabilidades civiles derivadas de acciones de la violencia callejera imputables a elementos de Jarrai fueran exigibles a Sozialista Abertzaleak o a Batasuna. El fiscal señaló: "Las responsabilidades pecuniarias y en su caso el comiso de los bienes de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna y Sozialista Abertzaleak, incluyendo el que tiene camuflado bajo la formal apariencia de las Herriko Tabernas o Asociaciones Culturales, serán exigidas en el Sumario 35/02 del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 [el que se sigue contra los dirigentes de Batasuna] salvo que por el proceso de liquidación ante el Tribunal Supremo de las primeras se hubiera procedido ya sobre dicho patrimonio".

El fiscal reclama también la declaración de ilicitud y disolución de Jarrai, Haika y Segi, por aplicación del artículo 520 del Código Penal.

Sabotaje y amenazas

En un escrito de 215 folios, el fiscal explica que Jarrai asumió la realización de las acciones de sabotaje o violencia callejera, amenazas y persecución social que un primer momento habían sido desarrolladas por los comandos legales de ETA. "Luego, por Haika", agrega, "y actualmente por Segi, siglas que vienen a identificar a una misma colectividad controlada por las directrices imperativas del Comité Ejecutivo de ETA, compuesto por los aparatos militar, político y logístico de la organización terrorista".

El letrado Pedro Cerracín, en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, también modificó sus conclusiones provisionales. Cerracín retiró su acusación por delito de genocidio, por el que reclamaba ocho años de prisión para cada uno de los procesados.

Además, el letrado se sumó a las restantes modificaciones realizadas por el fiscal Molina y reclamó 10 años de prisión para cada uno de los 28 procesados que aún continúan en el juicio.

Las defensas elevaron a definitivas la petición de absolución para todos sus clientes.