La juez investiga planes urbanos en fincas ficticias de Aigües de Bussot

Una juez ha abierto una investigación sobre una presunta estafa denunciada por un particular tras la autorización de un plan urbanístico en Aigües de Bussot basado en fincas inexistentes. El denunciante acusa al ex edil del PP Enrique Iborra Pérez de urdir la trama e incluye en la querella al equipo de gobierno del PP y la promotora. El Ayuntamiento rechaza la denuncia y asegura que no tiene notificación de la querella.

La titular del Juzgado número 4 de Sant Vicent del Raspeig ha admitido a trámite la querella de un particular por una presunta estafa derivada de la homologación del plan parcial del sector II, sito en la partida les Foyetes, en el término municipal de Aigües de Bussot.

El proyecto fue aprobado inicialmente por la corporación en marzo de 2000 y modificado [se aumentó la densidad de 90 a 150 viviendas] en septiembre de 2003. En esa fecha la corporación estaba presidida por Pilar Sol Cortes, del PP, y entre los ediles del grupo popular figuran Juan Manuel Cabot, secretario de la Mesa de las Cortes Valencianas. El denunciante incluye en la querella a estos dos y demás miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, así como a técnicos y funcionarios municipales, entre ellos, el secretario de la corporación, y a los representantes de la mercantil que desarrolla el proyecto. En total, el número de querellados asciende a nueve, entre personas y entidades jurídicas.

El denunciante -una familia propietaria de unos 55.000 metros cuadrados de suelo en la zona colindante al plan parcial- asegura que otro de los propietarios, Enrique Iborra Pérez, ex edil del área de Hacienda, en el Ayuntamiento, del PP, presentó un proyecto de reparcelación de 90.000 metros cuadrados de fincas inexistentes. Posteriormente, el Ayuntamiento adjudicó el proyecto a la mercantil Residencial Balneario de Aigües y Oleza Urbana.

En la denuncia, el querellante sostiene que fue privado de su propiedad, "mediante la usurpación de la misma, por parte de los querellados atribuyéndose éstos la titularidad y disposición de dicha finca, mediante la utilización fraudulenta de los datos del registro de la propiedad y la presentación de un programa urbanístico en fincas inexistentes". El denunciante señala que el programa aprobado y adjudicado finalmente por el Ayuntamiento se basa en la finca 3333, "compuesta a su vez por fincas que han sido vendidas, permutadas y que aparecen en otros parajes".

En concreto, el denunciante pone en conocimiento del magistrado que "los querellados de común acuerdo y, a sabiendas de su falsedad, inscriben en el Registro de la Propiedad de Xixona parcelas de terreno inexistentes, mediante agrupaciones, divisiones de fincas ya inscritas, dobles ventas y excesos de cabidas, creando con ello fincas registrales aparentemente nuevas al asignarles nuevo número registral". "Los querellados, de común acuerdo, unos por ser titulares y colindantes de fincas matrices para la alteración de lindes y términos de fincas, y éstos a su vez con el amparo que les presta el Ayuntamiento, mediante la apariencia de legalidad y realidad que supone la aprobación de planes de actuación urbanística y proyectos de reparcelación, acaban adjudicándose a sí mismos la titularidad de ese suelo apto para urbanizar", añade el documento.

La denuncia concluye que, de acuerdo, a los datos del Registro de la Propiedad de Xixona, de las nueve fincas que el querellado Iborra Pérez presenta como de su propiedad, "son simplemente números registrales y no fincas, ya que se forman de divisiones, segregaciones y permutas de una única finca matriz".

En la denuncia se mantiene que la supuesta trama urbanística concluye cuando la mercantil Residencial Balneario de Aigües, "mediante maniobras torticeras y falaces y sirviéndose del proyecto de reparcelación y amparada por el Ayuntamiento se adjudica la finca de mi representada [la familia denunciante], ajena y claramente fuera del ámbito de actuación urbanística".

La juez, tras admitir a trámite la querella, ha remitido un oficio al Ayuntamiento para que remita la documentación [planos y relación de propietarios y acuerdo sobre su adjudicación] del proyecto urbanístico objeto de la denuncia.